MONTERREY, NL.- La exedil panista de esta ciudad, Margarita Arellanes Cervantes, y 9 exfuncionarios de su administración se acogieron al artículo 20 constitucional para no declarar, y se limitaron a escuchar las imputaciones que hizo en su contra la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y ejercicio abusivo en su puesto. 

Los exfuncionarios fueron acusados por la actual administración que encabeza el alcalde priísta Adrián de la Garza Santos, de pagar 7.5 mdp del erario municipal, para defenderse de posibles demandas legales durante el periodo 2015-2018, ante posibles irregularidades cometidas durante su gestión de 2012 a 2015. Ahora el Ayuntamiento reclama 8 millones 207 mil 546 pesos. 

Además de Arellanes comparecieron Jesús Hurtado Rodríguez, exsecretario del Ayuntamiento; Julián Hernández Santillán, extesorero; Irasema Arreaga Belmont, exsíndica; Alejandra Rodríguez Guerra, exsecretaria de Administración, y José Francisco de la Cruz Suárez, exdirector jurídico. 

Ellos estuvieron frente a Patricia Gutiérrez Ramírez, juez de control. 

Asimismo, fueron imputados sólo por ejercicio indebido de funciones públicas, el exsíndico David Rex Ochoa; Luis Ángel Torres Garza, exencargado de la Dirección de Adquisiciones; Aldo Ariel Cepeda López, exdirector de Egresos, y el exregidor Arturo Pezina Cruz, único de militancia priísta entre los acusados. 

La defensa de Arellanes pidió ampliación del plazo para que se resuelva su situación jurídica, que será el martes próximo. 

ENTÉRESE 
> El 1 de marzo pasado, la nueva administración municipal presentó ante la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción otra denuncia por un presunto desvío de 10 millones 300 mil 194 pesos para el pago de ISR de abril de 2015.