Monterrey.- Por primera vez en la historia de Nuevo León un ex funcionario de la talla de Margarita Alicia Arellanes Cervantes se sienta en el banquillo de los acusados y queda imputada junto con nueve de sus ex colaboradores por el desvío de 8 millones 207 mil 546 pesos que le reclama el municipio que representó.

En una diligencia que se prolongó casi dos horas, la ex alcaldesa de Monterrey y sus ex colaboradores, ahora coacusados, se negaron a declarar y se apegaron a los beneficios del artículo 20 constitucional.

Arellanes Cervantes y sus coacusados se negaron a responder a la acusación de ejercicio indebido de funciones públicas y ejercicio abusivo de funciones públicas que le atribuye la Procuraduría de Justicia en representación de la actual admiración que le reclama un desvío de 8 millones 207 mil 546 pesos.

Los ex funcionarios que quedaron imputados junto a Margarita Arellanes son Luis Ángel Torres Garza, Aldo Ariel Cepeda López, Irasema Arreaga Belmont, Jesús Guadalupe Hurrado Rodríguez, Julián Hernández Santillán, Alejandra Rodríguez Guerrero y José Francisco de la Cruz Suárez.

De acuerdo a la denuncia que presentaron las autoridades regias, ese monto se desvió con la contratación de un servicio legal que iban a recibir después de haber dejado sus cargos.

La ex alcaldesa de Monterrey llegó a su cita con la justicia a las 8:41 horas. Ataviada en traje sastre y luciendo una figura más delgada, descendió de su camioneta Town Country frente al Palacio de Justicia, para encaminarse a la sala primera.

Ahí compareció junto con nueve de sus ex colaboradores ante la juez de Control, Patricia Gutiérrez Ramírez, alrededor de las 9:00 horas de este jueves.

A su salida de la sala de audiencias, la ex alcaldesa dio unas breves palabras únicamente para informar la decisión que tomaron. 

"Continuamos en los mismos términos para no afectar los derechos del resto de las personas que están actualmente dentro de la carpeta, es que no puedo manifestarme al respecto", dijo a su salida del recinto.

A las 11:11 la ex edil regiomontana partió del Palacio de Justicia, lugar a donde deberá volver el próximo 5 de julio a la misma hora para la audiencia de vinculación.

La Procuraduría de Justicia considera a la ex alcaldesa como probable responsable de dos delitos, por los cuales podría alcanzar hasta 20 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal vigente en el Estado.

Este jueves trascendió que ante la petición de algunos involucrados de hacer la audiencia privada, la juez les negó esta solicitud debido a que como ex funcionarios públicos, la transparencia e información debe imperar.

CLAVES

Implicados, cuatro funcionarios del departamento de adquisiciones del municipio, ellos fueron los que desarrollaron la adjudicación del servicio de defensa legal al abogado Roberto Martínez, que costó 7.5 millones de pesos. 

Además seis colaboradores de la alcaldesa, entre ellos el ex secretario de ayuntamiento, ex tesorero, ex síndico,ex director administrativo y ex director jurídico.