CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, mantiene la expectativa de que el titular del ejecutivo Federal ejerza su facultad de veto en relación con la aprobada Ley 3de3, al haber desestimado las exigencias de la sociedad.

"Ojala y el Presidente de la República haga uso de su derecho de veto, como conocemos coloquialmente el derecho del ejecutivo a observar una ley o un conjunto de leyes y que por lo tanto, no las decrete", sentenció.

El legislador perredista se pronunció de esta manera tras expresar su profunda preocupación y molestia por la actitud que se ha calificado de revanchista por parte de cierto sector del legislativo, al establecer la obligación del empresariado que desee contratar con dependencias gubernamentales, de presentar declaraciones que los mismos legisladores no están dispuestos a cumplir.

Planteó la necesidad de relevar de inmediato al titular de la Función Pública pues las nuevas facultades que se asignan a la dependencia exigen colocar al frente de la misma a alguien "con un mínimo esencial de confianza y credibilidad" para que las modificaciones aprobadas puedan tener eficacia.

Entrevistado por separado, el coordinador parlamentario del Sol Azteca en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, coincidió con esta postura al considerar un absurdo que la obligatoriedad de presentar declaraciones se revierta a las empresas, por lo que ya valoran otras opciones para echar abajo la disposición

"Estamos valorando una acción de inconstitucionalidad, estamos aquí viéndolo nosotros, ahora estamos saliendo de una reunión en la que valoramos ese hecho, pero también como fracción parlamentaria; pero también el veto", reveló.

En otro orden, Zambrano rechazó que el discurso del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, pueda ser calificado de pendenciero pues solo está en su función y derecho de hacer valer la ley e impulsar la reforma educativa.

No obstante llamó a las autoridades educativas federales a atender la petición de la disidencia magisterial por establecer una mesa de diálogo, ya que el uso de la fuerza pública lejos de contener, incrementaría el ambiente de malestar, reclamo y exigencia de la sociedad por la desatención de diversos asuntos.