Los resultados de las elecciones del pasado 5 de junio, en las que el PAN obtuvo siete gubernaturas y el PRI cinco de un total de 12 en disputa; es decir, que el PRI logró menos de la mitad, obliga a reflexionar sobre la evolución de las preferencias electorales ante una experiencia donde estados que no habían tenido alternancia en su historia como entidades federativas ahora optaron por ella. Éstos fueron los estados de Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz en donde la diferencia con la votación obtenida por el PAN estuvo en el rango entre 4 y hasta 11 puntos porcentuales, lo que equivale a estar fuera del límite de lo que se podría considerar aleatoriedad o una elección “cerrada”. De haberlos conservado hubiera obtenido las 9 gubernaturas que había previsto.

Se conoce como voto retrospectivo aquella decisión del voto en donde sólo el desempeño pasado del partido político en el gobierno es el determinante en la decisión de los votantes. Cabe recordar que un partido político es la forma fiduciaria, de reputación de confianza, para señalar a los ciudadanos cómo será el desempeño de sus candidatos en el futuro, en caso de ser electos. Un partido pierde capital por que se deprecia, es decir, pierde fiabilidad respecto a los candidatos que abandera cuando los protagonistas que han emanado este partido no invierten en hacer crecer, o al menos mantener, su capital político ante el electorado.

Todos los actos u omisiones de los gobernantes en funciones que han emanado de un partido político no sólo tienen efectos sobre el ámbito de su administración, también imponen un beneficio o un costo sobre el partido político con el cual se les identifica, y por tanto pueden beneficiar o perjudicar a los futuros candidatos que abandere este partido político. Cabe señalar los efectos diferenciales que resaltan el actual enfoque de la economía conductual aplicados al desempeño de gobierno: los electores son más sensibles a los actos u omisiones que consideran negativos de un gobierno y cuyos costos sociales son cercanos, identificables con un sujeto o grupo y que ocurren en el presente, que la apreciación a los actos de gobierno que son positivos, que son bienes públicos, pero cuyos mayores beneficios ocurrirán en el futuro.

Un ejemplo actual es el contraste entre la percepción de las reformas estructurales realizadas en la educación, en el sector energético, financiero o en el de telecomunicaciones cuyo mayor beneficio se encuentra en el futuro. Cuando los educandos de hoy tengan mayores oportunidades de trabajo y de ingreso, cuando exista un mercado energético que sustituya a las tarifas de energía determinadas por una entidad oficial, cuando el crédito al sector privado alcance niveles de participación de  los países desarrollados y que la brecha entre tasas activas y pasivas sean cada vez menores; de hecho ahora las tarifas de telecomunicaciones ha disminuido sustancialmente en menos de tres años pero todos estos ahorros tienen características de un bien público, todos gozan de ellos. Por otro lado la inseguridad, la corrupción y la impunidad no son factores abstractos para los ciudadanos, para cada uno de ellos puede ser un hecho cotidiano, puede estar representado por personas o grupos con nombre y apellido y que por tanto deberían merecer una respuesta de autoridad identificable, creíble, objetiva y pronta.

Es reconocido que los beneficios y costos que ocurren ahora no son igualmente ponderados por las personas que aquéllos que puedan ocurrir en el futuro. De igual forma las propuestas electorales no son sustitutos de los hechos de gobierno que realicen los que ahora ocupan puestos de elección popular y que antes fueron candidatos de un determinado partido. 

Si bien puede haber cambios orgánicos en el PRI nunca serán un sustituto de los actos u omisiones de gobierno en que incurran los que fueron sus candidatos y que son los actores de mayor eficacia en invertir en el capital político electoral del partido que los elevó como candidatos y que ahora tienen responsabilidades de gobierno.