Tras haber sido acusado de robar de una tienda de conveniencia en Coyoacán cinco cubitos de crema para café, valuados mediante un peritaje en siete pesos con 50 centavos, Tairo Duque Tamez fue liberado por el Juzgado 64 penal.

“Estamos contentos porque Tairo quedó libre alrededor de las 20:50 horas del miércoles, luego de que el titular del juzgado 64 penal declaró extinguida la pretensión punitiva en contra del acusado”, indicó la vicepresidenta de la Comisión de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Rebeca Peralta León.

Al abandonar el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (Cevarepsi) en Xochimilco, las autoridades entregaron al hombre, diagnosticado con trastorno bipolar, a su primo Antonio Trejo Gutiérrez, quien se comprometió a enviarlo a Colombia para que sus padres lo internen en una clínica para que reciba el tratamiento adecuado a causa de su enfermedad.

El pasado miércoles La Razón presentó el caso de este joven de nacionalidad colombiana y mexicana, quien fue detenido el 17 de mayo a un costado del Centro Coyoacán. De acuerdo con la averiguación previa FCY/COY-1/T3/00513/16-05, el delito fue registrado como “robo con agravio”.

A lo largo de su estancia en el Cevarepsi, el acusado no fue notificado en momento alguno de la ejecución de audiencia alguna para iniciar el proceso en su contra o reiterar los cargos. Tampoco se le fijó una fianza para poder llevar el caso en libertad.

Pero el mismo miércoles, ante la falta de presentación de evidencia por el área jurídica de Seven Eleven México, quedó en libertad. Previamente la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino inició el procedimiento de mediación.

En su página de Internet la empresa Alto México, representante legal de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), expresa sobre el llamado “robo hormiga”, que cualquier sustracción de mercancía, “por más pequeña que sea, es un delito que debe castigarse ejemplarmente”.

Por ello, presume tener “cero tolerancia hacia el delito” en las tiendas de la ANTAD y asegura que cuenta con una cifra de 98 por ciento en condenas y tan sólo un 2.7 por ciento en reincidencias.

Casos como el de Tairo o el de Érick Nájar Montaño, un joven con discapacidad intelectual quien estuvo encerrado por robar una Coca-Cola y dos manzanas de una tienda Soriana, fueron criticados por expertos consultados por La Razón.

El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, señaló que los centros de reclusión no fueron hechos para encarcelar a quienes sufren hambre y que los Ministerios Públicos no deben permitir la consignación en casos de robo cuando se hace evidente la condición de pobreza o psicológica de los acusados.

El presidente de la Asociación México SOS, Alejandro Martí, consideró “inquisitorio” juzgar por igual a quienes cometen algún delito menor que a los grandes capos. Consideró que las cadenas comerciales “cometen un crimen” al imponer castigos “ejemplares” a quienes roban por hambre.

Buscan indemnización en estos casos

La diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) Rebeca Peralta buscará que las tiendas departamentales paguen una indemnización por los abusos que sufrieron durante su detención personas como Erick Nájar y Tairo Duque, encarcelados por cometer robos famélicos o de hambre.

Así lo expresó la vicepresidenta de la Comisión de Reclusorios, quien demandó que las grandes cadenas tengan “sensibilidad y personal capacitado para atender a personas con alguna discapacidad”.

“No bajaremos la guardia en la petición de que las tiendas departamentales como Seven Eleven, Oxxo y Soriana, entre otros, paguen una indemnización a personas como Erick Nájar y Tairo Duque, que sufrieron abusos y maltratos al momento de su detención”, expresó.

La perredista aseguró que se detectaron irregularidades en las causas penales que llevaron a estos jóvenes a prisión, como la violación al Código de Procedimientos Penales capitalino, que establece que a las personas con discapacidad mental acreditada, se les debe decretar la inmediata y absoluta libertad.

“Seguiremos trabajando en la revisión de expedientes que tengan que ver con internos e internas que sufran discapacidad intelectual, alguna enfermedad mental o estén en grupos vulnerables, porque nos hemos dado cuenta que existen muchas injusticias en los procesos penales que se les abre por robo por hambre”, aseveró.

“A Erick (quien pasó 30 días en reclusión) le fueron violadas sus garantías individuales y debió ser declarado inimputable, toda vez que la detención se realizó con violencia, le hicieron firmar una declaración aun cuando no sabe leer ni escribir; no fue asistido legalmente, no le realizaron los peritajes médicos y no se tomó en cuenta su discapacidad”.

En el de Duque, fue diagnosticado en el Cevarepsi con trastorno bipolar desde el 17 de mayo, pero el Juzgado 64 Penal declaró extinguida la pretensión punitiva en su contra la noche del 8 de junio.