Con el nuevo Sistema Nacional de Salud del Gobierno Federal no se pretende privatizar los servicios del ISSSTE e IMSS y del Gobierno Federal y Estatal en México, sino lo que se busca es que cualquier derechohabiente de dichas instituciones o del Gobierno del Estado podrá atenderse en  la institución de salud que su preferencia, y en donde le proporcionen los mejores servicios del ramo a la población en general, consideró el diputado Javier Rodríguez Mendoza. 

El coordinador de la Comisión de Salud del Congreso del Estado destacó que con el nuevo Sistema Nacional de Salud se pugnará por proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos.

Además atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Un claro ejemplo es el municipio de Piedras Negras donde existe una unidad de quimioterapia en el Hospital General para atender a personas con cáncer, pero los derechohabientes del IMSS no pueden acudir a esa unidad porque no hay el convenio entre las partes para proporcionar el servicio a los afiliados al Seguro Social. 

Y el IMSS tiene que pagar viáticos, hospedaje al derechohabiente y su familia para que se atienda en los hospitales del Seguro Social en los municipios de Torreón o Monterrey, Nuevo León, o en otras entidades federativas del país, expresó.

De ahí que el diputado Rodríguez Mendoza insistió que con la universalidad de los servicios de salud, lo que se pretende es que los derechohabientes del IMSS pueda atenderse en la unidad de quimioterapia en el hospital general de Piedras Negras del Gobierno del Estado.    

Ratificó con este proyecto se contribuirá al desarrollo demográfico armónico del país. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social.