Ciudad de México. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que dentro de las instituciones que integran al Estado Mexicano “no hay adversarios, ni debe haber confrontaciones” y que todas las instituciones de la República comparten objetivos e intereses comunes.

Luego de que los soldados que fueron señalados por la propia CNDH como responsables de la muerte de 22 civiles y el ajusticiamiento de al menos 12 de ellos en Tlatlaya, Estado de México, presentaran una queja ante la propia CNDH, así como una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) porque consideran que éste actuó ilegalmente, González Perez afirmó que “cuando se determina una violación a los derechos humanos, no se descalifica la tradición de servicio u honorabilidad de ninguna institución, se señalan conductas indebidas de servidores públicos que al ser investigadas, sancionadas y prevenidas fortalecen a la institución frente a la sociedad, al diferenciar su compromiso con la legalidad y la justicia”.

La CNDH emitió una recomendación sobre el caso el 21 de octubre de 2014, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la PGR y el gobierno del Estado de México.

González Perez afirmó este martes que “cuando se determina una violación a los derechos humanos, no se descalifica la tradición de servicio u honorabilidad de ninguna institución, se señalan conductas indebidas de servidores públicos que al ser investigadas, sancionadas y prevenidas fortalecen a la institución frente a la sociedad, al diferenciar su compromiso con la legalidad y la justicia”.

El presidente de la CNDH habló en la ceremonia en la que firmó con el almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, un convenio general de cooperación en materia de promoción, prevención y difusión de los derechos humanos.

González Pérez insistió en que “las tareas de combate a la inseguridad y el combate al crimen organizado no son incompatibles con el respeto a los derechos humanos, el prevenir que en el desarrollo de estas tareas se presenten violaciones a los derechos fundamentales adquieren particular relevancia, pues los costos que ante la opinión pública y ante la sociedad tienen estos hechos son muy grandes”.

La CNDH reclama el máximo rigor de la ley al momento de sancionar a los delincuentes y que los mismos paguen las consecuencias de los delitos que cometieron conforme a la ley, así como la protección integral de las víctimas y sus derechos.

“Por ello, es tan grave cuando alguna irregularidad o abuso cometido por algunos servidores públicos afectan los procesos legales de los presuntos responsables de un delito, propiciando que el mismo quede impune y que las víctimas permanezcan violentadas y sin justicia”, señaló.

Ante la plana mayor de la Secretaría de Marina, funcionarios de la Sedena y del gobierno federal, el presidente de la CNDH señaló que los miembros de las fuerzas armadas de México son y deben seguir siendo baluarte y símbolo de profesionalismo, integridad, servicio y respeto a la ley, “de ahí la importancia que las eventuales violaciones a los derechos humanos que se presenten, deben se oportuna y debidamente investigadas y sancionadas”.

Aseveró que, ante la coyuntura crítica que atraviesa nuestro país, en el que el Ejército y la Marina han sido llamadas al servicio para dar a nuestra sociedad la seguridad y condiciones de convivencia pacífica que otras instancias no están en capacidad de proporcionarle, a nadie conviene que se menoscabe o debilite a nuestras instituciones armadas.

El respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de la ley debe convertirse en dos pilares que apuntalen el desarrollo de sus actividades y es, en ese sentido, el instrumento que hoy se suscribe resulta relevante, al centrarse en la capacitación y promoción y divulgación de los derechos fundamentales.