El saldo de la armonización legislativa. Al 5 de mayo, 28 Congresos de las 32 entidades federales lograron adecuar sus leyes. Por densidad poblacional, esto representó que cerca de una quinta parte de los mexicanos (17%) se viera desprovista de un ordenamiento local de transparencia y acceso a la información a ese piso mínimo acorde a sus necesidades específicas. 

Sin duda alguna, la gobernanza nacional depende de la suma de voluntades de las entidades federales; sin embargo, es mucho más que la suma de sus partes. Prueba de ello es que el derecho de acceso a la información, por ejemplo, reclamo de todos los mexicanos sin importar la entidad federal a la que pertenecen, continuará su marcha y será garantizado a todos y todas sin importar que algunos estados se hayan quedado sin armonizar su ley. Esto debido a que en dichos casos se aplicará la Ley General de manera supletoria como había previsto la normativa. 

Ante Guanajuato, Nuevo León, Veracruz y Zacatecas, los cuatro estados que no armonizaron su ley, el Inai está obligado a considerar el pleno uso de sus prerrogativas para el ingreso de recursos de inconstitucionalidad por omisión legislativa en el cumplimiento de los plazos establecidos para armonizar su ley. 

Ahora bien, las entidades que armonizaron su normativa local en la materia dentro del plazo establecido, dieron un paso importantísimo en la garantía de un piso parejo a sus ciudadanos. Sin embargo, queda pendiente la revisión del contenido normativo de 17 de las 28 leyes presentadas. Si bien contamos con que todas ellas se hayan adecuado a lo que marca la Constitución y la Ley General, no debemos soslayar que puede haber necesidad de realizar ajustes. 

Cuando así lo ha ameritado, el Inai ha actuado con responsabilidad y apego a las prerrogativas constitucionales y legales, y ha interpuesto acciones de inconstitucionalidad en los casos de: Querétaro, Oaxaca y Tabasco. Los dos primeros hicieron ya las adecuaciones pertinentes y su ley quedó perfectamente armonizada, el tercer caso está en curso de resolución por parte de la SCJN. 

Es importante mencionar que cada entidad fue responsable de incorporar las inquietudes de la sociedad civil organizada y sus voces en las propuestas de ley local, asimismo, que cada Congreso estatal eligió incluir lo suficiente o ir más allá de lo necesario para que la transparencia fuera útil y ágil para la sociedad a la que representan. Nosotros hemos podido constatar y celebramos que algunas legislaciones locales fueron más allá, por ejemplo, acelerando los tiempos que la Ley General marca en relación con la entrega de información a los solicitantes. 

De fondo, el ejercicio entero consistió en brindar certeza a la sociedad. La armonización legislativa permite a las y los mexicanos dar un paso más en el camino para recobrar la confianza en las instituciones y disuadir actos de corrupción. Al respecto de esto último, en el Informe de Transparencia Internacional 2015, en el apartado de las Américas, se señala que aunque la impunidad en la zona está lejos de haber terminado, 2015 había enviado “una contundente advertencia a los corruptos”. Encuentro que en 2016, con esta armonización de las leyes locales a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la reciente publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los trabajos del Sistema Nacional de Transparencia, continuamos avanzando en el camino correcto. 
Por último, sabemos que armonizar es un asunto complejo: implica coordinación, gran atención a los detalles, muchas veces ejecución de resoluciones ingeniosas, y voluntad. En el caso de la armonización legislativa hemos llegado a la fecha marcada como meta. Continuarán los ajustes necesarios para finalizar este ejercicio de federalismo, pero quiero agradecer a los Congresos y titulares de los Ejecutivos estatales sus esfuerzos por garantizar a la sociedad el ejercicio de su derecho fundamental de acceso a saber conforme a su propia realidad local.