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Exhorta diputada a autoridades a coordinarse en casos de abuso sexual
Saltillo.- En los casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la policía deben coordinarse para, efectivamente, procurar que la justicia se aplique y no destruir la posibilidad de castigar a violadores y acosadores mediante detenciones mal realizadas bajo la figura de flagrancia, consideró la diputada Lariza Montiel.
Consideró que las autoridades deben actuar para proteger a la ciudadanía ante la comisión de todos los delitos, pero aún más cuando se ven involucrados menores de edad como víctimas.
La legisladora se refirió al caso que ha causado conmoción en Piedras Negras, del padre que violaba a sus 2 hijas de 8 y 4 años de edad, y que fue liberado por no acreditarse la flagrancia.
flagrancia.
Explicó que la figura de flagrancia es sólo una forma de detención y exige acreditar circunstancias especiales que no en todos los delitos se dan, sin embargo, no es justificación para que la PGJE no actúe ya que cuenta, por ley, con facultades de investigación.
Aseveró que bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) no sólo puede, sino debe, realizar su trabajo de la manera más pulcra para garantizar los derechos del inculpado, pero sobre todo, para garantizar que el acceso de las víctimas del delito a la justicia sea efectiva.
“En 2015, las estadísticas que evidenciaban la ineficacia de las detenciones realizadas bajo esta figura, que solicité y fue enviado al Congreso del Estado, sirvieron para reforzar capacitación de policías.
“En este año el gasto prioritario en materia de seguridad al que debe destinarse el Fortaseg se enfoca precisamente en capacitación sobre el Sistema Penal Acusatorio. Pero es momento de ver resultados”, comentó Lariza Montiel.
Adelantó que el Legislativo local deberá revisar si el sistema de facultades-obligaciones-consecuencias de los responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia en la entidad, son los idóneos para garantizar la real protección de los derechos de los coahuilenses.