CIUDAD DE MÉXICO.- Los 20 senadores que firmaron la carta para deslindarse de la negociación en la que se buscaba la aprobación de la llamada Iniciativa 3de3 Plus no están en contra de los ciudadanos, informó Jorge Luis Lavalle, del PAN, uno de los legisladores que promovió el escrito.

Sostuvo que ellos respaldan la iniciativa Tres de Tres, sobre rendición de cuentas, pero sin los visos de inconstitucionalidad que tiene.

Excélsior reveló la existencia de esa carta que provocó el debilitamiento del llamado bloque PAN-PRD-organizaciones sociales y que generó que hoy hayan sido citados los panistas para discutir los puntos de diferencia.

Lavalle explicó seis puntos en los que se trabaja ya para evitar que se caiga en escenarios que poco ayudan para el combate a la corrupción, pero sí lesionan los derechos de la mayoría de los mexicanos.

Se refirió así a las visitas domiciliarias y la intervención telefónica extrajudicial, así como “al de la publicidad de terceros involucrados y menores, pues también tiene algunos elementos que pudieran contravenir otros tratados internacionales”.

También rechazan incluir como sujetos obligados a todos quienes manejen recursos públicos y a los consejeros de Pemex y de la CFE.

Habló de los excesos a los que se puede llegar en el caso de denuncias entre particulares y “de hacer pública la información de parientes consanguíneos hasta en cuarto grado; por ejemplo, yo ni siquiera conozco a mis primos segundos. Me parece irnos a los extremos, donde sería totalmente inoperante, además de violatorio de varias leyes de información privada”.

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, exhortó a los senadores de PRI y PVEM a que aprueben las leyes relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción, como la llamada 3de3 Plus, que se discuten en el Senado.

Aseguró que el PAN no ha dejado de dialogar para construir consensos con otras fuerzas políticas y poder concretar la aprobación de los dictámenes pendientes, como son la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, por la que se fortalecerá la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la iniciativa de la nueva Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Cortés recordó que la administración de Enrique Peña Nieto impulsó una reforma para desaparecer la SFP con la promesa de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, pero quedó, dijo, como un mero compromiso incumplido.

Señaló que la propuesta del PAN busca que en la Secretaría de la Función Pública opere el Servicio Profesional de Carrera para garantizar que los funcionarios se guíen por los principios rectores de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género.

Destacó que los dictámenes que están pendientes de aprobar en el Senado son la Ley que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que crea la figura del Fiscal Anticorrupción, así como la reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para incluir la obligatoriedad del 3de3.