MÉRIDA.- El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, reveló que 25% de los centros penitenciarios de México se encuentran en situación crítica, y que 71 presentan sobrepoblación de internos. 

En conferencia de prensa, indicó que existen riesgos de fugas y motines de reos en muchos penales del país, como el ocurrido recientemente en Topo Chico, Nuevo León, donde fallecieron más de 50 personas durante una revuelta. 
Por tal razón, expuso que es corresponsabilidad de los gobernadores darse cuenta de la importancia del sistema penitenciario, “pues no se trata de un tema menor. 

“Un penal desordenado, sobrepoblado, con hacinamiento y corrupto provoca que desde ahí se dirijan delitos, se organizan las bandas en su interior para delinquir hacia el exterior. Tenemos que lograr penales ordenados para disminuir la incidencia delictiva”, señaló tras participar en la inauguración de la 13 Conferencia Regional Sur del Sistema Penitenciario en Mérida. 

Sales Heredia informó que 25% de las cárceles del país están en situación crítica y que de los cerca de 400 centros penitenciarios que hay en el país, 71 presentan sobrepoblación. 

Durante el encuentro informó que la zona sur-sureste —conformada por Yucatán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo— tiene los índices delictivos más bajos del país. 

Sobre tortura
Subrayó que es necesario poner acento en el sistema penitenciario, “puesto que no puede ser el eslabón más débil en el sistema de justicia”, para que en el interior de los penales haya respeto y disciplina, que se traduzcan en respeto a los derechos humanos de los internos. 

Sales Heredia dijo que los actos de tortura en los que esté involucrada la Policía Federal no se tolerarán, esto luego de que se diera a conocer un video de hechos ocurridos en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en el que elementos de esa institución, junto con militares, colocan una bolsa en la cara de una mujer para asfixiarla durante un interrogatorio ilegal. 

Por esta razón, anunció que se creará un mecanismo de supervisión externa, en el que la sociedad civil esté involucrada para reforzar el respeto a los derechos humanos.