El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presume de tener a 10 millones de mexicanos afiliados a la formación política, pero algunos de ellos no saben que lo están. Cientos de votantes han denunciado que el partido del Gobierno los ha registrado en sus listas de afiliación sin su consentimiento. Entre los afectados hay desde ciudadanos sin ningún interés en la política hasta candidatos de otros partidos para las elecciones del próximo 5 de junio.

La voz empezó a correr a través de las redes sociales: la lista de afiliados del PRI publicada en la web del partido contenía datos de personas que no pertenecían al partido. Bastaban dos minutos para buscarse en la base de datos. Armando Pliego, un estudiante de 23 años, vio un anuncio en Facebook y buscó su nombre. No apareció. Después metió los nombres de su padre y su abuelo. Ambos aparecían afiliados al PRI, ambos habían fallecido antes de la fecha en la que supuestamente se habían inscrito al partido.

“Ellos nunca mostraron simpatía por el PRI”, remarca Pliego. Conforme su búsqueda siguió se dio cuenta de que varias personas de su ciudad, Puebla (centro de México), también aparecían sin autorización en las listas del PRI. El registro muestra el nombre completo, el distrito electoral, el género y la fecha de afiliación del votante. “Me parece peligroso que el partido tenga acceso a esa información y creo que deben de dar explicaciones sobre cómo la han obtenido”, apunta.

La mayor parte de los casos se han presentado en los estados de Chihuahua y Puebla. Incluso, algunos candidatos de otros partidos a las gubernaturas de estas dos regiones también aparecen en las listas del PRI. José Luis Barraza, candidato independiente al Gobierno de Chihuahua, denunció que se encontraba en el censo contra su voluntad. José Antonio Gali, candidato del PAN al Gobierno de Puebla, también acusó al PRI de registrarlo de “forma anómala” cuando él nunca se ha afiliado a ningún partido político. Incluso el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón —conocido como El Bronco— el primer independiente electo en la región, también continúa en el censo a pesar de que renunció a ese partido en septiembre de 2014.

Martín Huéramo huyó de Guadalupe (Chihuahua) en 2008. Era regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en ese municipio y fue amenazado por los narcos. Escapó a Texas (EE UU). Allí escuchó en la radio el caso del candidato Barraza y además de encontrar su nombre en las listas priistas, halló el de 150 personas más de su municipio que habían huido, muerto o desaparecido durante la sangrienta guerra contra el narcotráfico. Desde Estados Unidos, este constructor de 49 años poco puede hacer. “Saben que no estamos allá y tienen nuestros datos. Esto ha sido de mala fe y con mala intención. No tienen respeto por los fallecidos, ni por los desaparecidos”, señala. Él está apuntado en las listas del PRD desde 1999.

El Instituto Nacional Electoral (INE) obliga desde 2013 a todos los partidos políticos a hacer públicas sus listas de afiliados. Además, cada formación política debe mantener un número mínimo de ciudadanos en su censo (0,26% del padrón nacional). “Es un problema viejo que empezó a ser evidente cuando obligamos a los partidos a hacer pública su lista de afiliados”, comenta Benito Nacif, consejero del INE. Nacif reconoce que el Instituto entregó hace unos años el listado de todos los mexicanos que pueden votar en formato electrónico a los partidos, y que quizá algunos de ellos recogieron algunos datos para inflar las listas de sus formaciones. EL PRI no ha contestado a este diario sobre los señalamientos de los ciudadanos.

Alonso Pérez Fragua, un gestor cultural de Puebla, no oculta su molestia al verse en las listas del PRI. “Yo soy de una generación que creció bajo el régimen priista. Estar vinculado con ellos de esta forma me hace sentir incómodo. Es inmoral y habla de las formas que tiene ese partido”, dice. Pérez Fragua ha intentado que el PRI borre su nombre del censo a través de numerosas instituciones, pero hasta ahora no lo ha conseguido. El INE ha dado un año --hasta febrero de 2017-- a los partidos para que actualicen sus listas con datos veraces. También la autoridad electoral comenzará a recibir denuncias de ciudadanos para exigir a los partidos que los borren de sus listas, algunos afectados, incluso, podrían pedir multas económicas para las formaciones que los afiliaron sin su autorización.