CIUDAD DE MÉXICO.- La confrontación entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) vivió un capítulo más este jueves, cuando el organismo pidió cuentas a la Federación por los “ataques” a su secretario general, Emilio Álvarez Icaza, al grupo de expertos independientes del caso Ayotzinapa y a su reciente informe sobre derechos humanos en el país.

Durante la audiencia pública que solicitó el Estado mexicano y que se realizó este jueves en Washington, el comisionado Paulo Vannuchi denunció “los fuertes ataques de las autoridades públicas de México” al trabajo de la CIDH y el “daño irreparable” provocado a Álvarez Icaza por la acusación penal que presentó en su contra el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega.

“Eso fue un poco cobarde, porque debía de haber sido un ataque a la comisión, todo el trabajo de Emilio fue en nombre de la CIDH”, sostuvo el comisionado ante los representantes del Estado mexicano y de las organizaciones de la sociedad civil.

En representación del Estado mexicano, Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, contestó a las acusaciones que “no hay nadie del gobierno de México involucrado en ninguna campaña de desprestigio ni contra las organizaciones civiles, ni contra la CIDH, ni contra el secretario ejecutivo ni contra el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)”.

Vannuchi señaló que “el problema fundamental” de los derechos humanos en México es que las leyes incorporan “avances considerables” que “muchas veces están lejos de los hechos, como en el caso del grupo de expertos” de la CIDH que investiga la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa.

“El GIEI fue una operación conjunta que nos costó tiempo de discusión; vamos a hablar en los próximos días”, señaló Vannuchi. 

En la audiencia —la primera de las cuatro sobre México que celebró este jueves la CIDH— ni gobierno ni comisión hicieron referencia al anuncio que el miércoles hizo el GIEI de que rompía la colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) por el nuevo peritaje de fuego realizado en el basurero de Cocula.

Sólo las organizaciones de la sociedad civil criticaron que México decidiera no renovar el mandato del grupo, que termina el 30 de abril, sin consultar a la CIDH, algo que enmarcaron en la “política de hostilidad” del gobierno contra los organismos internacionales y las ONG que velan por los derechos humanos.

Reproches

El comisionado Enrique Gil Botero lamentó las críticas del gobierno mexicano al último informe de la CIDH sobre los derechos humanos en el país y le instó a reconocer la realidad.

“No conocer que hay violaciones de derechos humanos en nuestro país, acentuados lamentablemente más en México que en otros, sería quebrantar el principio de realidad y ésa es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia”, expuso.

“Hoy (al solicitar la audiencia) hemos visto una actitud propositiva que me parece correcta, hemos destacado los avances de México, pero miremos que no se desconozcan las propias realidades”, agregó.

Al tomar la palabra, Ruiz Cabañas lamentó las expresiones del comisionado Gil Botero y sostuvo la posición del gobierno mexicano respecto al informe presentado en marzo pasado por la CIDH, al decir que es parcial, incompleto y no objetivo.

“Perdone que discrepe con usted, pero de ninguna manera puedo aceptar que el Estado mexicano tiene dos actitudes, por una sencilla razón, porque no es el causante de la violencia. Son las organizaciones criminales las que causan la violencia y el Estado mexicano ha debido reaccionar haciendo uso de los recursos que tiene a su disposición”, dijo.

El subsecretario les recordó que el gobierno mexicano fue el que solicitó la audiencia para defender su “compromiso indeclinable” con los derechos humanos y afirmó que no tuvo “nada que ver” en la denuncia penal contra Álvarez Icaza, “mucho menos fue un ataque del gobierno de México a la CIDH, sino que fue un particular” y la Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar las denuncias que se le presentan.