En agosto de 2012, allá cuando el presente sexenio apenas comenzaba, el titular del Ejecutivo (todavía Gobernador) inició dos procedimientos para reformar la norma relacionada con el notario coahuilense. 

La acción de promover reformas legales en esta administración no es noticia: en un Estado endeudado, era más barato reformar leyes que construir puentes y, por eso, este Ejecutivo pasará a la historia —en todo caso— como un Legislativo productivo. La intención de meter mano al gremio de los notarios tampoco sorprende: como ha quedado apuntado en este espacio, ha sido una constante por razones que solo ellos sabrán. 

Lo interesante de aquellas iniciativas es que no fueron aprobadas. 

En un mundo ideal, las del Gobernador serían como cualquier propuesta a analizar, debatir y, en su caso y si así se considerara, aprobar. 

Ya no digamos “un mundo ideal”, sino en una democracia desarrollada más allá de lo electoral. Pero aquí no se está ni en lo uno ni en lo otro.  

En Coahuila, las iniciativas presentadas por el Ejecutivo se aprueban. Para eso sirven las mayorías. No importa si son leyes que no se llevarán a la práctica (véase la Ley de Filmaciones) o si se ignoran derechos adquiridos o deja desprotegidos a grupos vulnerables (véase la Ley de Pensiones). Nada de eso importa, si viene del Ejecutivo se vuelven Ley. Punto. 

Por eso, el que estas dos iniciativas hayan quedado en el olvido, llama la atención. 

Una de ellas se relacionaba con la creación de un Registro de Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles, mismo que sería administrado por la Administración Fiscal General con el fin de detectar y dar a conocer a la Procuraduría Estatal la probable comisión de delitos. 

Para esto, además de la Ley del Notariado, se planteó la modificación del Código Civil y la Ley Reglamentaria del Registro Público. 

Estamos hablando de una pieza importante dentro de una estrategia contra el crimen organizado. Se trata de una iniciativa presentada en el momento oportuno. Y así, sin más, ya no hubo quién la recordara, quién la discutiera, quién la defendiera. 

¿Recuerda, estimado lector, aquello de los narco—notarios? Dada la tónica discursiva desde el Gobierno, en medios nacionales se llegó a señalar que 53 notarios estarían involucrados en esto (Proceso, julio 16, 2015). Ya luego se aclararía que se investigaba a 53 por algún tipo de irregularidad administrativa y no por nexos con el crimen organizado. Terminó el asunto con uno o dos y ni siquiera el “usted disculpe” por la información errónea. En fin.

En todo caso, la oportuna aprobación de esa iniciativa hubiera facilitado el trabajo. ¿O no? En una de esas, entraba en competencia con la Unidad de Investigación Financiera de la PGR. 

La otra iniciativa olvidada se relaciona con la eliminación de la facultad del Ejecutivo para otorgar dispensas a los requisitos para aspirar a la patente (o fíat) notarial y para crear la figura del “Notario del Pueblo”.

Lo segundo, para otro momento. En lo demás, véase cómo al inicio del sexenio se pensó en meter orden. Cómo cambia el poder, cómo cambian los años: de haberse aprobado aquella iniciativa, Coahuila no tendría hoy cuatro decenas más de fedatarios, muchos de ellos sin experiencia en la función. “Hay más notarios que oxxos”, la gente ironiza.

En una entidad donde la mayoría sirve para aplaudirle al jefe, dos iniciativas fueron presentadas pero no llegaron a nacer. Y, para desgracia de todos, eran buenas iniciativas.  

@victorspena

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