CDMX.- La PGR cambió el uso de los arraigos como método de investigación, de los que abusó en el sexenio anterior para indagar delitos relacionados con el crimen organizado. Ahora, recurre más a las intervenciones telefónicas y electrónicas para obtener evidencias: pasó de presentar 29 solicitudes ante jueces federales en 2009 a mil 645 en 2015. 

El uso de esta herramienta jurídica, por ejemplo, resultó clave en la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, puesto que arrojó pistas al personal de inteligencia para tender un cerco al líder del “Cártel de Sinaloa”, tras su evasión del penal de máxima seguridad de El Altiplano. 

Según con el expediente del caso, los mensajes de texto vía celular que intercambió la actriz Kate del Castillo con Andrés Granados Flores y Óscar Manuel Gómez Núñez —detenido por colaborar en la fuga del narcotraficante—, abogados del capo, así como la comunicación que mantuvo Guzmán con ella, permitieron rastrear su ubicación junto a otras tareas de inteligencia. 

El cambio en cifras 
Durante 2015, la PGR solicitó sólo 95 órdenes de arraigo para indagar a personas vinculadas con hechos y organizaciones delictivas. Los jueces especializados en medidas cautelares rechazaron 45 solicitudes, revela un informe estadístico del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 

La cifra de la medida cautelar es la más baja desde que entraron en vigor los Juzgados Penales de Distrito Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones el 1 de enero de 2009, año en el que se autorizaron 552 órdenes de 617 solicitudes que presentó la PGR al MP Federal. 

El año en que se recurrió más al uso del arraigo fue en 2012, cuando se presentaron ante los jueces especializados 966 mandatos para privar de su libertad a personas bajo sospechas de vínculos criminales, de las que 726 fueron otorgadas. 

A partir de 2013, los pedidos comenzaron a disminuir, sólo se promovieron 370 ese año y 254 fueron autorizados. Un año después, las órdenes solicitadas por la PGR volvieron a bajar. Se presentaron 285 peticiones, se libraron 136 mandamientos judiciales, se rechazaron 131 y 7 se autorizaron de forma parcial. 

El aumento en las cifras 
El uso de la intervención de comunicaciones se disparó durante la actual administración. Prueba de ello es que en 2015 se presentaron mil 645 solicitudes para rastrear teléfonos y dispositivos electrónicos, de las que 929 le fueron otorgadas, 176 le fueron negadas de forma definitiva y 29 se le concedieron de forma parcial. En otros 511 casos, el CJF señala que se emitieron otro tipo de resoluciones. 

En contraste, en 2009, la PGR recurrió a disposiciones para interceptar comunicaciones sólo en 29 ocasiones, 8 se autorizaron, dos se libraron de forma parcial, cinco se negaron de forma definitiva y en otras 14 se emitieron “otros” fallos, sin que se especifique su sentido. La tendencia en el uso de esta herramienta, a fin de obtener pruebas contra presuntos integrantes del crimen organizado, se incrementó en los años subsecuentes. Se pasó a 118 solicitudes en 2010, a 235 expedientes en 2011 y a 643 en 2012. 

Para 2013, el primer año del actual sexenio, las solicitudes de intervención de comunicaciones crecieron a mil 285 casos, en 2014 el incremento llegó hasta mil 727 peticiones y finalmente el año pasado la PGR requirió mil 645 mandatos para interceptar comunicaciones telefónicas y electrónicas. 

Expertos avalan cambios 
Para el primer zar antidrogas del País, Samuel González, el uso de las intervenciones telefónicas y electrónicas demuestra un cambio de estrategia de la PGR para la investigación de delitos, así como un entendimiento por parte de los servidores públicos de esa dependencia para aprovechar herramientas técnicas. 

González Ruiz agregó que la inminente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia el 18 de junio, obliga a las autoridades ministeriales a usar tres métodos fundamentales de investigación: el uso de escuchas telefónicas y la intervención de otras comunicaciones electrónicas, la aplicación de técnicas científicas para esclarecer un hecho y el apoyo en los testigos colaboradores. 

Declaró que emplear estas medidas es indispensable para sustituir el uso de confesiones y pruebas testimoniales en la integración de averiguaciones previas, puesto que en el anterior sistema la mayoría de los casos se basaban en testificaciones. “Siguen teniendo valor, pero ahora valen más las científicas”, dijo. 

Dijo que se trata de un avance positivo para el trabajo que realiza la PGR, por considerar que la sustitución del arraigo por la intercepción de mensajes de texto, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea por internet representan un viraje en la actuación del MP, en el que no se detiene para investigar, puesto que ahora se indaga para posteriormente consignar un expediente penal en contra de una persona. 

El abogado de la organización Justicia Pro Persona, Sergio Silva Méndez, manifestó que la caída en el uso de arraigos por parte de la organización “es algo positivo” en materia de derechos humanos, porque la medida cautelar es contraria a lo que marcan los tratados internacionales en materia de garantías individuales. 

Alertó sobre el uso indiscriminado de la intercepción autorizada de telecomunicaciones por parte del MP Federal, al considerar que el número de órdenes que solicitan las autoridades ministeriales para poder intervenir un teléfono o ingresar a los e-mails y redes sociales de una persona, son evidencia de que todavía no se indaga con bases científicas en el país.