México.- “El gobierno de México nos entregó una caja de 50 centímetros con los restos de mi sobrino y nos prohibió abrirla. Nos dijo que si la abríamos podíamos ir a la cárcel, que eso era un delito muy grave”.

A pesar de la advertencia, María Da Gloria admite que la familia de su sobrino, uno de los cinco brasileños que fueron asesinados en la masacre de 72 migrantes que tuvo lugar en agosto de 2010 en el municipio tamaulipeco de San Fernando, abrieron el cajón en busca de pruebas que de alguna manera pudieran corroborar que se trataba de su familiar.

“No pudimos aguantar la incertidumbre y abrimos la caja. Pero lo que encontramos en su interior fue una masa gelatinosa en su interior. Eso fue lo que nos dio el gobierno de México, una bola de gelatina, y con eso nos piden que creamos que es nuestro ser querido”, denuncia la brasileña, una de las siete representantes de familias de los 72 migrantes asesinados, que esta semana están en México con el apoyo de la organización civil Fundación para la Justicia para exigir a las autoridades mexicanas que, a cinco años y seis meses, les expliquen qué pasó realmente en la masacre de San Fernando, y les den los resultados de la investigación.

Pero antes de llegar a Brasil tras muchos meses de insistir al gobierno mexicano para que repatriara el cadáver, el abogado de María Da Gloria y de otras familias víctimas de la masacre de San Fernando, asegura que México sí envió los restos… pero a Honduras.

“Los restos fueron enterrados en Honduras. Y todavía no sabemos por qué. El gobierno mexicano no ha dado respuesta sobre esto y la Procuraduría no dice nada, no se manifiesta”, dice Filipe Nicolau, abogado de las víctimas brasileñas.

“Sólo después de mucho trabajo, el cuerpo fue enviado a Brasil. Pero aún así, cuando lo hacen, los familiares no pudieron ver si, efectivamente, se trataba de su ser querido. Porque México envió una caja con una gelatina sin ninguna documentación. Es decir, sin ningún documento del peritaje, de las pruebas genéticas, sin un estudio, sin un procedimiento administrativo. Nada. Es algo absurdo e inimaginable. Porque los temas públicos entre dos países, es decir, el envío de un cuerpo de un país a otro, no se puede tratar de esta forma tan mezquina, moral e ilegal”, subraya el letrado.

Además del caso de los brasileños, la Fundación para la Justicia expone que numerosas familias de víctimas sólo han recibido una caja de cenizas con un acta de defunción y credenciales, pero sin ningún expediente de investigación, ni tampoco pruebas genéticas que corroboren el contenido de los féretros.

“Según los estándares internacionales, cuando se hace una identificación de un cadáver, las autoridades tienen que darle a las familias un dictamen”, explica en entrevista Virginie Gorson, del área de acompañamiento de la Fundación para la Justicia.

“Y el dictamen es un documento muy grueso –añade-, que incluye muchas páginas que detallan cómo se encontró el cuerpo, dónde se encontró, cómo se trasladó del lugar en el que fue hallado hasta la morgue, etcétera. Incluso, se agregan fotos de lo que se encontró en el lugar donde estaba el cuerpo. Sin embargo, a cinco años y seis meses de San Fernando, las familias de esos 72 migrantes no tienen nada de esto y por eso siguen con esa incertidumbre y sin obtener una reparación del daño”.

Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación de Amnistía Internacional, indica por su parte que el reclamo al gobierno de México por malas prácticas periciales a la hora de entregar los restos de los 72 migrantes, no solo provienen de las familias víctimas, sino también de autoridades centroamericanas.

“Hay que recordar que semanas después de lo que ocurrió en la tragedia de San Fernando, el mismo gobierno de Honduras se vio obligado a detener la repatriación de restos, debido a que detectó negligencias en la entrega de los restos. Es decir, porque México estaba entregando féretros que no contenían los restos, y por eso hubo un reclamo muy fuerte al gobierno mexicano”, expone la integrante de Amnistía Internacional, organización defensora de derechos humanos que ayer martes también recibió a los siete familiares de los 72 migrantes asesinados para escuchar sus casos.

“Es decir –agrega Jiménez-, lamentablemente la no identificación de restos de manera eficiente y confiable es un problema que México viene arrastrando desde hace años, y por eso es muy comprensible que dadas las deficiencias estas familias pidan una revisión de sus casos a la justicia mexicana”.

72 migrantes asesinados, ocho detenidos, ningún condenado

Como parte de su visita de una semana a México, los familiares víctimas acudieron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), donde previamente habían solicitado una reunión con la titular Arely Gómez para cuestionarle sobre los avances en la investigación del caso de los 72.

Sin embargo, Fray Tomás González, director del albergue de migrantes ‘La 72’ de Tenosique, Tabasco, quien también acompaña a las familias en su estancia en México, apunta que la reunión fue “decepcionante”.

“En la PGR, el agente del Ministerio Público nos dio un reporte de no más de ocho minutos, informando lo mínimo. Incluso, hay familiares que aseguran que saben mucho más de lo que la autoridad mexicana les presentó”, asevera Fray Tomás, quien critica que ni el subsecretario de derechos humanos de PGR, Roberto Campa, ni la procuradora, atendieran a las víctimas, máxime tratándose de un caso “que ha dañado gravemente la imagen del país”.

“En cinco años y medio, los familiares nunca habían visto al Ministerio Público encargado de la investigación de sus casos. Por eso para ellos era una visita fundamental, y por eso también la decepción cuando escucharon que básicamente no sabían nada. Sólo que hasta ahora hay ocho detenidos, pero sin ninguna condena, y que el caso fue turnado a la fiscalía de migrantes”, agrega por su parte Virginie Gorson.

Piden a Suprema Corte que migrantes sean reconocidos como víctimas de desaparición para abrir expedientes

Tras la breve reunión con funcionarios de la PGR, las familias se manifestaron afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde este miércoles 2 de marzo se discutirá el proyecto de sentencia propuesto por el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, acerca del reconocimiento de familiares de migrantes masacrados en San Fernando como víctimas directas.

La discusión del proyecto de sentencia surge a raíz de un amparo interpuesto por Bertila Parada, madre un joven salvadoreño asesinado, quien exige que la justicia mexicana la reconozca como una víctima, y así poder acceder al expediente de su caso y empezar a obtener respuestas acerca de qué fue lo que sucedió en agosto en San Fernando, donde un año después de la masacre de los 72 se encontraron otros 193 cuerpos en fosas clandestinas. 

“En el caso de los 72 y en muchos otros de desaparición, una problema muy importante es que la autoridad no entrega información ni a la sociedad, ni a las víctimas”, plantea Carolina Jiménez, de Amnistía Internacional.

“Las familias migrantes han tenido muchos obstáculos para acceder a la información de lo que pasó en San Fernando. Es decir, les niegan las copias del expediente, o les dan versiones públicas completamente tachadas –en una versión pública la autoridad tacha nombres, direcciones, etcétera, para proteger la confidencialidad del caso-. Entonces, lo que argumentan en ese amparo es que, como víctimas, deben tener pleno acceso a toda la información de sus casos”, concluye la activista, quien ve “una gran oportunidad” de que la Suprema Corte se pronuncie mañana a favor, y de esa manera se comience a reparar el daño a las familias de los 72 migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas.

En este sentido, cabe recordar que en agosto de 2014 el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) –hoy INAI-, ya ordenó a la PGR que informe sobre la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas, echando atrás el intento de la Fiscalía federal de mantener guardada la información durante 12 años.

Sin embargo, hasta ahora, los expedientes no se han hecho públicos.