A 2 años de distancia para el cierre de administración -31 de diciembre de 2017-, el Gobierno de Coahuila contrató una empresa para supervisar la entrega-recepción y solicitó el aumento de auditorías a sus diferentes dependencias, todo con miras a dejar la casa ordenada y transparente, explicó el gobernador Rubén Moreira. 

“Ya tenemos una empresa contratada para ir sobre el cierre de la Administración Pública, aun cuando faltan poquito menos de dos años”, dijo en entrevista el Gobernador de Coahuila. 

También, el Gobernador dio a conocer que en estos meses que faltan para el cierre de su administración se intensificarán las auditorías, para ello hizo una visita al Secretario de la Función Pública Federal, a fin de que se aumente el número de inspecciones a los gastos federales. 

Para reforzar un cierre ordenado y transparente, explicó el Gobernador de Coahuila, se enviará la próxima semana al Congreso del Estado una reforma constitucional para que todas las leyes que tengan que ver con la rendición de cuentas puedan cambiar y quitarles la temporalidad que es de un año. 

Actualmente, las legislaciones no permiten que la Auditoría Superior del Estado haga auditorías por el principio de 
anualidad o temporalidad, pero al quitar eso de la Ley, la ASE prácticamente podrá hacer revisiones cuando sea 
necesario, sin esperarse a que se rinda la cuenta pública y pase un año para iniciar procesos. 

“Si quitamos eso (el principio de anualidad) se van a poder hacer auditorías en el mismo momento del que se está 
ejerciendo el recurso”, señaló el Gobernador. Agregó que habrá un mejor ejercicio de los recursos, porque no va a tener 
que esperar dos años para ver cómo terminó una cuenta pública. 

“También mandaremos una iniciativa para que no solamente sea el Informe del Gobernador el que se rinda ante el pleno del Congreso y que haya un debate con el Gobernador, sino también para que ante el pleno del Congreso y con la presencia del Poder Ejecutivo, rinda el informe el o la titular del Poder Judicial, de la presidencia del Poder Judicial, y los organismos autónomos de derechos humanos y transparencia, y que haya debate”, señaló.