La impunidad, o el hecho de no recibir castigo por las acciones cometidas, parece incrustarse, con dolor, en el paisaje nacional. 

La impunidad protege por igual a poderosos y delincuentes de banqueta y corroe, lentamente, la confianza del mexicano en sus instituciones.

El problema es que la impunidad no resuelve una inquietud de fondo, que es el anhelo de justicia. Simplemente pretende adormecer conciencias, apostando a que el tiempo cure heridas que, de suyo, son incurables. La impunidad descansa en la ineficiencia de dos sectores críticos del Estado de derecho: las instituciones de seguridad y las que imparten la justicia. 

A pesar de su relevancia, la impunidad es un fenómeno poco estudiado a nivel global. 

No es sino hasta 2015 que se creó el Índice de Impunidad Global, que es el primer gran esfuerzo académico internacional que busca medir esta realidad por país, realizado por la Universidad de las Américas en Puebla. En esta investigación, México no sale bien parado: ocupa el penúltimo lugar de 59 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo de este índice. 

No cabe duda del esfuerzo que nuestras instituciones han puesto para que México alcance esa posición: a la impunidad que resultó de la masacre de San Fernando en agosto de 2010, la del incendio del Casino Royal un año después, la matanza de Tlatlaya en junio de 2014, la de los estudiantes de Ayotzinapa, los asesinatos del departamento de la colonia Narvarte de julio de 2015, los muertos de Topo Chico de hace unos días, van sumando una serie de eventos que no se olvidan, pero que van minando los cimientos de la convivencia nacional. 

Si a ello sumamos otros eventos sin muertes, pero no menos graves, como el hecho de que “El Chapo” se haya fugado sin que haya responsables, y que en su lugar se destinen todas las energías del Estado para perseguir a Kate del Castillo (a quien no estoy defendiendo, sino sólo señalando la desproporción de los recursos estatales dirigidos a ella, en lugar de a los verdaderos culpables de los crímenes cometidos por “El Chapo” Guzmán). 

Triste orgullo ser el último de los países medidos del G20 en este Índice Global de Impunidad. Más triste aún estar detrás de países de la región como Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador o Panamá, en donde cuantitativamente, sus instituciones están haciendo mucho más por disminuir el cáncer de la impunidad. Inútil resultaría compararnos con otros países como Corea del Sur, que de ser una dictadura militar hace unas décadas, hoy reacciona de manera tan distinta ante una tragedia como la del ferry Sewol en abril de 2014. Si esa tragedia hubiera pasado en México, ¿se hubiera logrado condenar con 36 años de cárcel al capitán del barco? ¿Se hubiera suicidado el propietario de la naviera en cuestión? ¿Hubiera renunciado dos semanas después el primer ministro? ¿Se hubiera disculpado la Presidenta con todo el pueblo por estas muertes? ¿Se hubieran hecho cambios institucionales que quitaban el control de estas rutas a los guardacostas coreanos para dárselo al recién fundado Ministerio de Seguridad Pública? 

Aquí seguimos esperando que se cumpla el Decálogo de la Seguridad anunciado con bombo y platillo por el presidente Peña Nieto en noviembre de 2014, con todo y creación del 911 como número nacional de emergencias…