Ciudad de México. El gobierno de Nuevo León señaló a tres funcionarios del penal de Topo Chico como los autores materiales de la supuesta riña registrada la semana pasada que dejó 49 muertos y al menos una docena de heridos.
 
A tres días de los hechos violentos al interior del centro penitenciario, la Procuraduría General de Justicia del estado señaló a la directora de Topo Chico, Gregoria Salazar Robles, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, subcomisario de Administración Penitenciaria, y José Reyes Hernández Aguilar, custodio del penal, como los responsables materiales del multihomicidio, así como del delito de abuso de autoridad. Los tres fueron aprehendidos.
 
El sábado, el titular de la PGJE, Roberto Flores Treviño, Procurador de Justicia, informó que ese día se llevaron a cabo las audiencias de imputación, vinculación, plazo de cierre y medidas cautelares, derivado de lo cual a Salazar Robles y Domínguez Jaramillo se les imputaron los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, mientras que al custodio Hernández Aguilar el de homicidio calificado.
 
Sin embargo, a petición de la defensa, el Juez de Control concedió la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo establecido por el Artículo 19 constitucional.

Desmantelan acuarios, saunas y hasta un bar
 
Ayer, el gobierno del estado reconoció que la situación de autogobierno y corrupción que se registraba en el penal de Topo Chico habría sido el detonante del conflicto que cobró la vida de 49 internos. El cobro de extorsiones, lujos, y demás privilegios que ostentaban los jefes criminales al interior del centro asolaba la seguridad del resto de la población.
 
De acuerdo con la información revelada por las autoridades, con la intervención del estado a través de la Fuerza Civil, se asumió el control total del centro penitenciario con el objetivo de poner fin al autogobierno, lo cual se percibía en las celdas de lujo equipadas con salas, minisplits (aire acondicionado), pantallas, frigobares, televisión digital, acuarios y baños sauna que fueron desmanteladas por la corporación estatal. De igual forma fueron retirados más de 280 puestos semifijos de alimentos, abarrotes y hasta un bar que eran operados por la red criminal directamente o a través del cobro de piso, ofertando productos con sobreprecios que superaban un 120%.
 
“Conocimos todas las irregularidades que existían, arbitrariedades, abusos, cobros de piso”, señaló el General Cuauhtémoc Antúnez, Secretario de Seguridad, durante una visita al reclusorio en la que los reos presuntamente se pronunciaban en favor de la intervención del gobierno del estado. Durante la intervención, toneladas de objetos prohibidos, entre ellos muebles, aparatos electrodomésticos y colchones, fueron apilados en las canchas del centro penitenciario, y fue retirado por maquinaria pesada y camiones.
 
Se anunció que a partir de este lunes, se instalarán mesas de asistencia jurídica en el penal para revisar cada uno de los casos de los internos, muchos de los cuales se encuentran pendientes de sentencia “Habrá un equipo de abogados para que empiecen a analizar los expedientes de los internos que han manifestado que están de manera injustificada aquí; para que ellos determinen si es correcto o no, les vamos a dar la certeza de que los estamos escuchando”, sostuvo Antúnez.
 
Trasladan a focos del conflicto
 
Al día siguiente de los asesinatos, el gobierno estatal con apoyo de la Federación inició el traslado de los internos con el fin de despresurizar el centro. En total durante el fin de semana fueron reubicados 233 reos y reclusas de Topo Chico a seis centros de readaptación federales.
 
Juan Pedro Saldívar Farías, alías El Z-27, y Jorge Ivan Hernández Cantú, alías El Credo, ambos líderes criminales que fueron señalados por el propio gobernador del estado como los causantes del conflicto violento, fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social No. 2, en El Salto, Jalisco, y al Cefereso No. 12, en Ocampo, Guanajuato, respectivamente.
 
El resto de los internos trasladados fueron: 61 al Centro Federal de Readaptación Social No. 15 Comaltitlán, Chiapas; 55 al Centro Readaptación Social Federal No. 11 Hermosillo, Sonora; 41 enviados al Centro Federal de Readaptación Social No. 9 Norte Ciudad Juárez, Chihuahua; 39 fueron al Centro Federal de Readaptación Social No.12 Ocampo, Guanajuato; 31 al Centro Federal de Readaptación Social No.16 Femenil Coatlán del Rio, Morelos; y seis al Centro Federal de Readaptación Social No. 2 Occidente El Salto, Jalisco.