Vencido el plazo legal para presentar la declaración patrimonial, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIR), vía su coordinador jurídico, compartió con medios de comunicación la falta de casi 2 mil 200 personas, de acuerdo con su padrón (VANGUARDIA, febrero 12). Para más detalle, se ha señalado que el 41 por ciento de las declaraciones no presentadas se concentran en un solo lugar: el municipio de Torreón. 

De esto, tres primeras impresiones:

Hay una cifra positiva. Para no ver el vaso medio vacío, habrá que tener en mente el cumplimiento de 6 mil 500 servidores públicos obligados. En medida justa, para interpretarlo se requerirían los datos de años anteriores: ¿ahora se cumplió más? ¿Se cumplió menos?

La actitud de la SEFIR debe reconocerse. No es que publicitar la cifra sea un favor para alguien, pero el abordar el tema sin concesiones políticas es un esfuerzo importante de congruencia. Buenas declaraciones, abogado. 

Finalmente, la cifra negativa no es mínima. Si se le distribuye de manera general resulta que uno de cada cuatro servidores públicos de estados y municipios no cumplió. Pero esto no es una distribución uniforme. El problema está bastante localizado un solo lugar, Torreón. 

Al día de hoy, las declaraciones patrimoniales son en transparencia lo que hace años era sueldos y salarios. 

Hace unos diez o doce años, saber cuánto percibían ciertos funcionarios parecía la frontera del conocimiento. En contra, se argumentó el temor a ser secuestrados si se sabía cuánto se llevaba a la bolsa. 
Vencida la resistencia, comenzó la danza de los miles de pesos por mes. La información se tuvo, se comparó y, en algunos casos, hasta ajustes hubo: en Coahuila, por ejemplo, algunos municipios pequeños y con problemas financieros tenían autoridades mejor pagadas que las de la capital.

Luego el mecanismo debió refinarse. Conocer una cifra de ingresos mensuales no tenía sentido cuando no correspondían con el ritmo de vida ni las propiedades adquiridas. Hace unos cuatro o cinco años, hacer públicas las declaraciones patrimoniales parecía la solución. Otra vez se usó el argumento en contra, el temor a ser víctima de la delincuencia organizada. 

Pocos estados hicieron Ley eso de publicar la declaración patrimonial, Coahuila entre ellos. Se venció la resistencia, la información se pudo conocer, y nada sucedió. Una nota sobre la página electrónica de la SEFIR: el camino para hacer las consultas patrimoniales tiene ya algún tiempo que no despliega información. Como se dicen en el mundo cibernético, “se cayó la liga”. 

Regreso a las declaraciones. Pues como sucedió con la publicación de sueldos y salarios, ahora la publicación de la declaración patrimonial por sí sola, no se considera suficiente. Después de todo, resulta que eso de las donaciones, regalos y herencias multimillonarias sucedía con mayor frecuencia de lo pensado. 

Al día de hoy, hay un fuerte movimiento nacional impulsando la “Ley 3 de 3”, en referencia a las tres declaraciones que, en su contraste, pudieran separar a los que han hecho su patrimonio a la buena y los que no. 

Además de la declaración patrimonial, presentar la de impuestos y la de intereses. La propuesta, más que las tres declaraciones es para tener una Ley General de Responsabilidades.Es importante conocer enwww.ley3de3.mx y, en su caso, apoyarla. 

Visto así, el tema ha avanzado con la misma inquietud: la ética del servidor público (o su ausencia, traducida en la práctica de servirse con la cuchara grande). Por ello la importancia de cumplir con aquello de las declaraciones.  

@victorspena
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