Caracas.- El Congreso venezolano declaró la "crisis alimentaria nacional" y pidió que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) envíen expertos que evalúen los riesgos que entraña el problema para los 30 millones de habitantes del país caribeño.

El acuerdo parlamentario, "mediante el cual se declara la crisis humanitaria y la inexistencia de la seguridad alimentaria", fue aprobado por la mayoría de diputados de la oposición y rechazado por la minoría afín al presidente Nicolás Maduro.

El jefe de Estado "nada dijo sobre la seguridad alimentaria" en el informe anual que presentó el mes pasado y su gobierno tampoco ha presentado un plan con políticas que intenten revertir "la inseguridad alimentaria", se lee en el texto.

Entre las exigencias al gobierno destaca la que ordena, de manera "perentoria", presentar ante la Asamblea Nacional "un plan de seguridad alimentaria" que, entre otras cosas, contemple un calendario de pago de deudas a proveedores extranjeros, en el marco del control estatal de divisas existente desde 2003.

También que dicho plan gubernamental prevea la eliminación de otros "controles y trabas que perjudican" la producción nacional, la publicación "periódica y detallada" de cifras sobre la escasez de alimentos, inflación y del "costo de la canasta básica".

A la FAO le requiere que su comisión de expertos evalúe in situ los riesgos que entraña "la inseguridad alimentaria" y que además "cotejen la fiabilidad" de las cifras oficiales, y a la Unicef "que evalúe el estado de malnutrición infantil".

Venezuela arrastra desde hace varios años una aguda escasez de alimentos que ha empeorado en los últimos meses así como un encarecimiento de los pocos existentes, lo que el presidente Maduro achaca a una "guerra económica" opositora para dar al traste con su gestión.

Mientras, el líder opositor y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, propuso un referendo para adelantar el fin del gobierno de Maduro, aunque dijo que a la par se debe activar con el mismo fin una enmienda constitucional, que cree será obstaculizada.

"La enmienda será obstaculizada por el Tribunal Supremo de Justicia, pero sobre el referendo no tienen argumentos posibles. Al activarse, el gobierno se tendrá que someter a la consulta", dijo Capriles en una nota de prensa.

Los líderes de la treintena de partidos opositores aglutinados en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD, centroderecha) decidieron el año pasado que a más tardar a mediados de 2016 tendrían definida la ruta "constitucional, electoral, democrática y pacífica" que permita adelantar el fin de la gestión de Maduro, cuyo mandato expira en 2019.

Tanto la enmienda como el referendo, así como una eventual renuncia del gobernante, figuran entre las diversas opciones previstas al efecto en la Constitución nacional.

Mientras, el ex presidente de colombiano y actual titular de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, afirmó ayer en Caracas que tras los comicios legislativos del 6 de diciembre se abrieron en Venezuela "espacios" para el "diálogo institucional" entre las distintas fuerzas políticas.

"Después de las elecciones se abrieron espacios importantes para que haya un diálogo institucional entre las fuerzas políticas sin la participación de más intermediarios internacionales", dijo Samper, al entregar el informe final sobre el acompañamiento del bloque en los comicios y aseguró que "ambas partes deben dialogar".