Ciudad de México. En los cuatro años que lleva al frente del gobierno de Puebla, Rafael Moreno Valle endeudó a la entidad por cerca de 22 mil millones de pesos, deuda disfrazada en obras otorgadas a Higa, OHL y empresas del grupo Hank Rhon, vía licitaciones amañadas y sobrecostos, con los que deberán cargar los poblanos en las próximas tres décadas. Se trata de un negocio millonario, que sigue el esquema de enriquecimiento con fines político electorales impuesto por Carlos Hank González, que consolidó al Grupo Atlacomulco, advirtió el ex gobernador de Puebla Manuel Bartlett Díaz.

Resaltó que es una corrupción con doble sentido, porque no sólo es para enriquecerse, sino para la compra del poder.

El ahora senador del Partido del Trabajo (PT) explica que las dos obras más caras, el recién inaugurado Museo Barroco, con un costo de más de 7 mil millones de pesos, y el segundo piso de la autopista México-Puebla, de 5 mil millones, son innecesarias y su precio fue inflado a más del doble.

Sin embargo, recalca, permitirán a Moreno Valle allegarse los recursos con los que habrá de financiar sus proyectos políticos futuros, entre ellos contender por la presidencia de la República en 2018”.

En entrevista con La Jornada, detalló el mecanismo del que Moreno Valle se ha valido para disfrazar a través de supuestos activos lo que en realidad es una deuda pública con la que hipoteca a la entidad, ya que las obras fueron concesionadas hasta por 30 años.

Bartlett advierte que Moreno Valle, quien logró la gubernatura de Puebla bajo el impulso de “Elba Esther Gordillo, los chuchos y el ex gobernador Mario Marín”, desde el inicio de su sexenio puso en marcha su plan de negocios.

Consiguió la aprobación de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), un entramado jurídico para invertir conjuntamente con empresas privadas, aunque al final la mayor parte del dinero sale de las arcas del gobierno de Puebla.

Con el esquema de las PPS, Moreno Valle ha puesto en marcha ocho proyectos. El más ambicioso, insiste, es el del Museo Barroco, que se edificó en un terreno que yo había rescatado cuando fui gobernador, de manos de un prestanombres de Mario Marín, y lo destiné para zona verde de la Angelópolis.

Agrega que al concluir su sexenio dejó terminado un Museo del Virreinato, que debía funcionar para exhibir la magnífica obra, no sólo del barroco, sino la que está en las iglesias de Puebla, pero Moreno Valle decidió que se requería otro, en una entidad con tantas carencias.

Lo adjudicó al consorcio Sociedad Museo Barroco, conformado por empresas del Grupo Higa –“el del escándalo de la casa blanca del presidente Enrique Peña Nieto”– y de la familia Hank Rhon, encargadas de construirlo y administrarlo durante los próximos 23 años, a cambio de 7 mil 280 millones de pesos.

Un costo altísimo, insiste, si se compara, por ejemplo, con el Museo Guggenheim de Bilbao, que es de casi la mitad.

Igualmente, de acuerdo con cálculos de especialistas, el segundo piso de la autopista México-Puebla tuvo un sobrecosto de más de 2 mil 500 millones de pesos, es decir, de 50 por ciento. Es una obra inútil, pero permitirá al grupo OHL cobrar su mantenimiento y explotación por 30 años.

Asimismo, el Centro Integral de Servicios, construido en terrenos propiedad del estado, en la zona más cara de la ciudad, con un costo de 3 mil 800 millones de pesos. Se le asignó por 25 año al empresario José Abed, financiero de las campañas de la coalición que impulsó la candidatura del hoy gobernador.

Otros proyectos financiados vía los PPS son la autopista Cuaupiaxtla-Cuacnopalan, que costó mil 662 millones de pesos; las plataformas para la armadora Audi, de 2 mil millones de pesos; la Rueda de la Fortuna Itinerante –400 millones de pesos– y el edificio de la Procuraduría General de Justicia, de 321 millones de pesos.

Bartlett detalló que para asegurar los pagos que deberá hacer a los contratistas, dado que las concesiones son hasta por 30 años, el gobernador poblano creó un fideicomiso que recabará los recursos del impuesto sobre la nómina del gobierno de Puebla hasta 2066. El fideicomiso está a cargo de la empresa Evercore, del salinista Pedro Aspe, según se difundió recientemente.