Ciudad de México. En 15 por ciento de las desapariciones que investiga la Procuraduría General de la República (PGR), debido a su posible relación con el crimen organizado, se sospecha la participación de militares o policías, y en casi la mitad de este subgrupo la autoridad indaga específicamente el eventual involucramiento de elementos castrenses.

De comprobarse esta posibilidad, de mil 111 casos de personas no localizadas, cuya investigación es del fuero federal, en 166 habría desaparición forzada, es decir, cuando en el ilícito participa la propia autoridad.

Así, en 77 casos hay factores para pensar en el eventual involucramiento de personal del Ejército; en 25, de agentes federales; 24 con la participación de policías municipales; 36 de estatales, y cuatro de agentes ministeriales.

Las cifras anteriores, actualizadas al 31 de diciembre de 2015, son del fuero federal, compiladas por la fiscalía especializada para la búsqueda de personas de la PGR, con expedientes originados de 1981 a la fecha.

Más de la mitad de los casos pendientes de resolución son del sexenio actual: 196 de 2013, 264 de 2014 y 128 del año pasado, aunque hay 40 de 2007 y anteriores.

Los datos expuestos corresponden al fuero federal, aunque el grueso de las desapariciones (26 mil 670, en la actualización más reciente, de octubre pasado) está a cargo de las procuradurías estatales (fuero común), donde habría otro bloque de expedientes de presunta desaparición forzada, de acuerdo con denuncias de familiares de las víctimas.

Por lo pronto, la estadística disponible, de la PGR, muestra claramente la problemática de la desaparición forzada en México.

Si bien detalla que la mayoría de los casos (945 de mil 111) son delitos ejecutados por particulares, existe también el bloque de policías locales (102) identificados por la PGR como presuntos actores y 64 elementos federales en la misma mira.

La PGR detalla que la información inicial es proporcionada por los familiares acerca de personas (atacantes) que venían vestidas con uniformes de diferentes instituciones, por lo que se deben investigar como presuntos casos de desaparición forzada.

De los mil 111 casos en referencia, la mitad ocurrieron en tan sólo cuatro entidades: Veracruz, 188); Tamaulipas, 182; Guerrero, 95 y Sinaloa, 63.

Hasta el 31 de diciembre pasado, de los poco más de mil 100 casos (25 más se hallaban en proceso de actualización de datos), se logró la localización de 147 personas; de estas, 44 fueron ubicaron sin vida, cuya identidad fue posible por exámenes de dactiloscopia, genética y, en nueve casos, fueron los propios allegados quienes reconocieron el cadáver de su ser querido.

Por tanto, al inicio de este año, el reto de la PGR era ubicar (y, ante el delito de desaparición, a manos de particulares o de servidores públicos, dar con los responsables) de 989 personas.

Funcionarios federales reconocen la gravedad del hecho y en el proyecto de ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas, actualmente en el Senado se impone hasta 100 años de prisión y hasta 8 mil días de multa, para el funcionario que participe en un delito de este tipo, con el agravante de incinerar, desintegrar, destruir o llevar a una fosa clandestina el cadáver o restos humanos.

Igualmente, si asesinan al desaparecido, si hay vínculo con la víctima o si ésta pertenece a un grupo vulnerable.

La destrucción de restos humanos, dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, es la vía con la que los criminales, particulares o funcionarios, creen asegurar la impunidad.

Por ello, en la iniciativa de ley se propone imponer las penas más estrictas a elementos del Estado.

Opinó, sin embargo, que el caso de aludido involucramiento de elementos de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) estos serían, de comprobarse, casos aislados.

Los hechos más recientes de desapariciones forzada son Ayotzinapa (43 estudiantes fueron levantados por policías locales para entregarlos al crimen) y Tierra Blanca, igualmente agresión en contra de cinco jóvenes, a manos de policías.

Eso es lo que tenemos que ser capaces de revertir. El tema es que no se conforman con matarlos, los matan y los desaparecen. Lo que tenemos son corporaciones policiacas penetradas por el crimen y que entregan a las personas a grupos de la delincuencia organizada. Lo que tenemos en los casos de Ayotzinapa y Tierra Blanca son policías que trabajan para la delincuencia, advirtió el subsecretario.