El 20 de enero la Comisión Permanente del Congreso declaró aprobada la Reforma Constitucional del Distrito Federal. Peña aplaudió: “paso histórico, por la voluntad para alcanzar acuerdos, que ha permitido grandes cambios, que hoy benefician a la capital, dotándola de Constitución propia”; Mancera repitió, “día histórico”, prometiendo que “en los siguientes procesos participará toda la ciudadanía para que la Asamblea Constituyente integre una visión plural”; y añadió, en la Plenaria del PRD, que someterá el proyecto de Iniciativa de Constitución “a una amplia convocatoria entre hombres y mujeres que les interese la Ciudad de México, no quiero —dijo— un documento que salga de mi oficina, sino que incluya a todos los actores interesados en la ciudad”. 
Como dice Peña, la reforma se debe a “la voluntad para alcanzar acuerdos”, refiriéndose al acuerdo cupular excluyente entre PRI, PAN y PRD. Y la declaración de Mancera de que “en los siguientes procesos participará toda la ciudadanía para que el Constituyente tenga un visión plural”, confiesa que en el acuerdo sobre la Reforma no hubo participación ciudadana sino compromiso de los “dirigentes” pactistas, conforme a sus personales intereses. Esta reforma que afecta a toda la República no fue consultada, producto de regateo cupular entre PRI, PAN y PRD, que, aun cuando en el Congreso se cuestionaron aspectos como la elección del Constituyente, la integración de “ayuntamientos” y problemas presupuestales, todo se aceptaría, justificando que lo criticado se arreglaría después, “consenso” impuesto desde la Presidencia, por encima de desacuerdos silenciados. Mancera reconoce la construcción antidemocrática de la Reforma, al declarar que “en los siguientes procesos habrá participación ciudadana”, y al afirmar que la iniciativa que le corresponde confeccionar, “no será un documento salido de su oficina, sino construido por actores interesados”, la supuesta amplia convocatoria se limita a los que “les interese la Ciudad de México”, no a la toda la ciudadanía. Mancera sentencia que la iniciativa que afectará a millones, será cupular sin más apoyo que el de los desacreditados “aliancistas”, de acuerdo a sus intereses. 

Desde la discusión en el Senado subrayamos que la Reforma es antidemocrática, que los ciudadanos no podrán presentar la iniciativa, no podrán participar en su discusión y aprobación, ni ratificarla mediante referéndum. La Constitución de la Ciudad de México será producto de una Asamblea Constituyente ilegítima, que en lugar de elegir a todos, crea un injerto oligárquico del 40% de constituyentes: seis designados por Peña Nieto y seis por Mancera, más catorce senadores y catorce diputados que serán constituyentes, un constituyente aberrante, sólo encontrado en los regímenes aristocráticos o “pinochetianos”; el 60% restante será elegido por representación proporcional de listas que presentaran los partidos políticos. Sí los 100 asambleístas fueran por representación proporcional, cada punto porcentual sería un asambleísta, pero con el injerto oligárquico, una proyección, considerando la elección de 2015, sin los pequeños “paleros del sistema”, PRI-Verde, con 22% de la votación, tendrían 32% de constituyentes; PAN, con 15%, tendrá 16%; PRD, con 25%, tendrá 26%; Morena, con 28% de votos, tendría sólo 19%. Al final, PRI-Verde, ganan 10%; PRD y PAN, ganan 1% cada uno; todos ganan, menos Morena que pierde 9%. 

La Reforma es una perversión electoral, superpone a la elección federal de 2015, vigente, otra relación de fuerzas, que beneficia a los tres aliados, crea un Constituyente en el que aparecerán “notables” de los partidos derrotados en la ciudad, con jerarquía hechiza para construir personalidades que no existen políticamente, utilizaran el dominio de los medios de comunicación y los recursos y la estructura de los gobiernos federal y local para favorecer al PRI, al PAN y al PRD. Asociación delictuosa para detener a AMLO.