Un día después de que el peso mexicano se depreciara y el dólar estadunidense rebasara los 18 pesos, el gobierno mexicano logró una muy oportuna recaptura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien tras seis meses prófugo, fue detenido por la Marina mexicana tras una balacera en Los Mochis, en la que, para evitar una nueva fuga espectacular del capo los marinos incluso se metieron al drenaje y evitaron así que escapara por la red de túneles que tenía en esta ciudad del norte de Sinaloa. 

La recaptura no sólo representa un gran logro para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que festejó con un anuncio en Twitter que le dio la vuelta al mundo, en el que el presidente decía: "Misión Cumplida. Lo tenemos", sino que además, casualidad o coincidencia, llega en el momento justo en el que el inicio del año 2016 amenazaba con convertirse en una pesadilla para la administración peñista por la turbulencia de los mercados financieros ocasionada por China y por la caída de los precios del petróleo que provocaron terror en los inversionistas y arrastraron al peso mexicano a una devaluación incontrolable que podría superar incluso los 20 pesos por dólar. 

Justo en ese momento, cuando el pánico comenzaba a cundir y la cuestionada política económica empezaba a dar tumbos con la cuesta de enero, al Presidente le informaron de la recaptura del Chapo, que le fue informada por su secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en medio de una reunión de embajadores y cónsules en Los Pinos, lo que ameritó aplausos, festejos y hasta que el mandatario y sus secretarios del gabinete de seguridad entonaran eufóricos el Himno Nacional, sabedores de que tener otra vez al narcotraficante más buscado en su poder, ayudaría no sólo a lavar la vergüenza que representó su fuga del penal de máxima seguridad el 11 de julio de 2015, sino también serviría para disminuir la presión pública por el trompicado inicio de año en materia económica. 

La oleada de felicitaciones y reconocimientos para el gobierno mexicano, dentro y fuera del país, confirman que, del mismo tamaño que fue la burla de su fuga, es el valor de haber recapturado en seis meses a Joaquín Guzmán, en una operación que, aunque contó con ayuda de inteligencia de la DEA, fue impecablemente ejecutada por las células de inteligencia de la Secretaría de Marina que llevaban meses en una cacería sin tregua para el escurridizo capo, al que estuvieron a punto de capturar en octubre pasado en el llamado "Triángulo Dorado", de dónde logró huir herido. La recaptura en Los Mochis se produjo en la madrugada, cuando el grupo de élite de la Armada de México acudió a un domicilio en busca de un presunto lugarteniente, pero en medio del tiroteo que se desató se percataron de que, más que el operador Omar Gastellum, que se fugó, a quien protegían los sicarios armados denunciados por un vecino de la colonia, era al mismísimo Guzmán Loera, quien fue detenido en camiseta interior junto con su cuñado. 

A reserva de los escepticismos y la desconfianza con la que algunos cuestionaban el momento de la recaptura y sus efectos distractores, o de los análisis que ya empezaban a hablar de un Osorio Chong reivindicado y que revive en sus aspiraciones presidenciales, la pregunta que ayer surgía en los foros de internet y en las redes donde el presidente anunció la detención, es qué va a hacer en esta ocasión el gobierno mexicano con El Chapo Guzmán para evitar una tercera fuga ante la corrupción e infiltración que quedó manifiesta en el sistema penitenciario y de justicia del país. Pensar en meter al capo sinaloense en otra prisión de "máxima seguridad" mexicana no parece confiable dados los antecedentes del personaje y la penetración del sistema que ni siquiera fue completamente resuelta tras su última fuga. Y entonces ¿qué hacemos con El Chapo?. 

La primer respuesta a esa pregunta llegó hoy mismo desde Washington donde autoridades de la administración Obama, analistas y medios del vecino país presionaban fuertemente por la extradición de Joaquín Guzmán a territorio estadunidense para ser juzgado y encarcelado por su sistema de justicia que lo ubica como "el delincuente más buscado". Detrás de esa presión no sólo está el interés de hacer pagar al Chapo por los crímenes cometidos en Estados Unidos, como el tráfico de drogas o las operaciones del Cártel de Sinaloa en ciudades como Chicago; también está la desconfianza que Estados Unidos tiene de que, de permanecer en México, el narcotraficante vuelve a corromper al sistema de seguridad y justicia para fugarse una vez más u obtener privilegios aún en las cárceles de máxima seguridad. 

Veremos que decide hacer el presidente Peña Nieto con el capo más buscado, una vez que su administración se sacó la vergonzosa espina de una fuga que aún no ha sido del todo aclarada y de la que no hubo responsables de alto nivel. El Chapo se va a defender con todo de la extradición y ya ha logrado amparos a través de sus abogados, porque está claro que el narco sinaloense, igual que Los Extraditables de la Colombia de Escobar en los 80, prefiere una cárcel en suelo mexicano que una en Estados Unidos. Y si el gobierno mexicano decide a pesar de todo extraditarlo, también habría que esperar una tormenta, pues a Joaquín Guzmán no sólo lo ayudaron a escapar en dos ocasiones de los penales de máxima seguridad, sino que durante décadas este narcotraficante, como otros que aún siguen libres como Ismael “El Mayo” Zambada o Juan José Esparragoza "El Azul", han gozado de la protección de autoridades, políticos y agencias de seguridad en México. Ese es el gran riesgo de un Chapo extraditado: que si Joaquín canta del otro lado de la frontera, sacudirá al sistema de este lado del Río Bravo.