Hace poco más de un mes, la reseña en este espacio de la práctica adoptada como moda por la clase partidista y gobernante: hacerse videos para redes sociales, pintarse la mano naranja, decir un par de frases sobre generar conciencia y prevenir  la violencia contra las mujeres y niñas. Aquello se enmarcaba, lo escribí, dentro de la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres” promovido desde la Secretaría General de Naciones Unidas. 

La inquietud se centró en la duda (no gratuita ni casual) de cómo trasladar, dentro de Coahuila y desde el Gobierno, esa campaña en acciones concretas para, efectivamente, prevenir  la violencia contra las mujeres y niñas: se observó una estructura poco profesional y fragmentada, desinteresada hasta de mantener una página de Internet actualizada (ver “La mujer y su Secretaría”, noviembre 15, 2015). 

Lamentablemente, la nota trágica de fin de año ha sido el asesinato de una mujer a manos de su ex novio. 
Una muerte repentina es, de por sí, algo lamentable. En este caso, además, queda la sensación de que algo más debió hacerse: la ahora víctima acudió a distintas oficinas estatales, solicitó apoyo; el hasta ahora señalado como victimario, fuera del alcance del brazo de la justicia. 

Los primeros reportes retratan una respuesta gubernamental insuficiente. 

En el Centro para el Empoderamiento de las Mujeres, quien ahora no está, habría recibido la recomendación de interponer una denuncia. Interpuesta la misma, se dijo hasta tres días después del homicidio, se habría emitido una orden de restricción desde el 6 de noviembre. Aún con esto, la víctima optaría por escribir un mensaje en su cuenta personal de Facebook, a manera de último recurso para quien no tiene más por hacer, compartiendo su desesperación y temores.

Publicar en Facebook, buscando encontrar lo que la estructura gubernamental no supo ofrecer.

De acuerdo con la primera información disponible en distintos medios, el presunto responsable habría abandonado su automóvil, comprado un boleto de camión y partido con dirección a la frontera. Unos tres días después, según comunicado oficial, esto se rectificaría: el buscado estaría todavía en la entidad; la investigación sigue, todo de acuerdo con los protocolos y lo planeado. Fin.

Ahí está, la sensación de que algo más debió hacerse.

Hasta 50 años de cárcel, dice la ley, en los casos de feminicidio. Si dan con el agresor y el procedimiento se lleva con diligencia, por supuesto. Y, aún así, en poco o nada se le responde a quienes recienten la ausencia. Por eso la prevención es tan o más importante que sumar años a la pena: porque 100 años en la sombra no regresan una vida arrebatada.

La sensación de que algo más pudo y debió hacerse crece en la misma proporción del silencio de los funcionarios quienes, directamente, debieran aparecer en escena. Como si la desgracia no mereciera la interrupción de las vacaciones; la insensibilidad institucionalizada, la que a los asuntos ve como mero trámite.

En el texto de hace poco más de un mes, el comentario enfiló hacia la Secretaría de la Mujer. Acá el planteamiento es el mismo: cuando de resolver un problema se trata, la estructura está fragmentada, los canales de comunicación entre oficinas son insuficientes, la voluntad no alcanza, el liderazgo se agota cuando la tarea no es electoral.

Algo más y no un reto en redes sociales. Trabajo que cuente, aunque no se vea y no un video y la pose, que nada resuelven. 

@victorspena
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