Del 27 de octubre al 27 de noviembre se cometieron en la entidad 174 asesinatos, la mayoría cometidos por los cárteles de la droga Guerreros Unidos, La familia michoacana, Los Templarios, Los Rojos y Los Ardillos, entre otros, que se disputan las plazas.

Durante la toma de posesión de Héctor Astudillo Flores, el 27 de octubre, los gobiernos federal y estatal pusieron en marcha un nuevo operativo en la novena Región Militar de Acapulco, al mando de Alejandro Saavedra Hernández.

Sin embargo, eso no desalentó el crimen: el 26 de noviembre fueron ultimados cuatro integrantes de la Casa de Justicia La Patria es Primero, con sede en Tixtla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (Crac-PC), presuntamente por Los Ardillos –que operan en ese municipio y en Quechultenango, Chilapa y Zitlala.

Ese día fue retirado el retén que los policías estatales mantenían en El Molinito, a unos tres kilómetros de Tixtla. Versiones señalan que por ese lugar pasaron parte de las camionetas con civiles armados que participaron en el homicidio de los policías comunitarios.

El secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, afirmó que la muerte de los comunitarios fue por rencillas entre los grupos de la delincuencia organizada, lo cual fue desmentido por la Casa de Justicia la Patria es Primero.

El 25 de noviembre, un día antes del crimen, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, y el coordinador de la zona centro de la fuerza estatal, Tomás Hernández Martínez, fueron acusados en las redes sociales de proteger a los grupos delincuenciales, incluidos Los Ardillos.

La violencia continuó ese mes: el 27 fueron ultimadas cinco personas en Acapulco; el 28 dos miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado, cerca del Valle del Ocotito, municipio de Acapulco, el 29 tres en Acapulco. Este día, hombres armados mataron a dos e hirieron a una mujer tras visitar a sus familiares presos en el penal de Chilpancingo.

ACAPULCO, IGUALA, CHILAPA...

La frase un Guerrero con orden y paz, que utilizó Astudillo Flores en su campaña como candidato del PRI a la gubernatura, se ha traducido en desorden y más violencia, principalmente en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, San Miguel Totolapan, Chilapa, Iguala, Zitlala y Leonardo Bravo.

La Jornada documentó al menos 150 homicidios dolosos cometidos en Guerrero durante el último mes de 2015: 47 en Acapulco, entre ellos los de cuatro funcionarios municipales, tres policías estatales, un efectivo municipal y un elemento de la Marina.

El 7 de diciembre, cuando se ratificaba el relanzamiento del operativo Tierra Caliente para enfrentar la inseguridad, civiles armados con fusiles y pistolas atentaron contra Virginia Aguilar Hernández, directora de Seguridad y Custodia Penitenciaria de los 16 penales de Guerrero. Su escolta y chofer, Juan Manuel Sit Hernández, murió después en un hospital de Chilpancingo. Ese día también en Taxco fueron ejecutadas tres personas en el barrio de El Potrero.

El 10 de diciembre, el Congreso local designó al abogado Xavier Olea Muñoz fiscal del estado; un día antes, al comparecer ante la Comisión de Gobierno del Congreso, expresó que la dependencia es de la peores del país, pues hay muchos haraganes y varios policías ministeriales están vinculados con bandas delincuenciales.

El 15 de diciembre el gobernador Astudillo se enfrascó en una sarta de dimes y diretes con la Procuraduría General de las República, luego de que ésta difundió el hallazgo de 19 cuerpos sin vida en el poblado de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo. El Ejecutivo estatal debió confirmar la versión.

En esa misma fecha informó de la desaparición de siete personas en el municipio de Apaxtla de Castrejón, zona norte de Guerrero, sin que se sepa su paradero, pese al operativo del Ejército Mexicano y la Policía Estatal.

Dos días después, unos 50 civiles con armas largas incursionaron en la comunidad de Yextla, municipio de Leonardo Bravo, y se enfrentaron con los habitantes del lugar, con saldo de dos heridos. La Secretaría de la Defensa Nacional dispuso el traslado de dos helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana con 106 elementos del Ejército Mexicano.

También el 20 de diciembre, cuatro personas fueron ejecutadas: tres en San Miguel Totolapan y una en Chilapa. Esa fecha, el gobernador reconoció que un día antes civiles armados incendiaron tres camionetas del servicio urbano y se halló una cabeza a 300 metros del palacio de gobierno. Otras cinco camionetas del servicio público fueron incendiadas dos días después.

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Almazán, dijo que en las escuelas de turismo y de derecho, y la Preparatoria 7, ubicadas en Acapulco, fueron asesinados tres estudiantes, por lo que se adelantó el periodo vacacional.

En tanto, el edil de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, reveló que ha recibido amenazas de grupos delincuenciales, por lo que se suspendió el palenque de la feria de Navidad y Año Nuevo.

Según el reporte del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta noviembre hubo mil 824 asesinatos, un año antes (2014) fueron mil 514, así como 72 secuestros, y 131 extorsiones, en Guerrero, considerado uno de los más violentos del país.

POLICÍA ÚNICA SÍ, MANDO ÚNICO NO

El analista de seguridad interior y consultor de riesgos Enrique Castillo González atribuyó la violencia exacerbada al inicio de la gestión del gobernador Astudillo al reacomodo de bandas delincuenciales en la entidad, las cuales disputan el tráfico de sicotrópicos, así como a disputas internas entre grupos caciquiles que pelean por el control del poder en el estado de Guerrero.

Castillo González alertó que los policías municipales carecen de capacitación o no están certificados, además no existe la profesión policial, mientras las propias autoridades han señalado la incapacidad de la corporación estatal de seguridad, con elementos mal entrenados, sin equipo o con sobrepeso.

Recordó que el ex gobernador Rogelio Ortega anunció en agosto que existe alreddor de 20 mil policías comunitarios en Guerrero en unas 12 organizaciones diferentes, lo que habla del problema de la seguridad en el estado.

Sin embargo, advirtió que hay intereses políticos y económicos que han impedido el funcionamiento adecuado de las estrategias de seguridad, por lo que llamó a poner especial atención en cómo se maneja el subsidio para la seguridad en los municipios, el fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por Sergio Ocampo y Héctor Briseño