MÉXICO.- En la impunidad que permea en la práctica de la tortura figuran los médicos legistas, lo que representa una de las deficiencias, a pesar de que a que el Dictamen Especializado que aplican los médicos y psicólogos de la Procuraduría General de la República (PGR) se basa en normas internacionales como el Protocolo de Estambul de la ONU.

En su reporte Promesas en el papel, impunidad diaria. La epidemia de tortura en México continúa, la organización Amnistía Internacional indicó que esos doctores no documentan de manera adecuada las señales de la tortura.

Señaló que de igual forma los expertos de la dependencia “no llevan a cabo los exámenes de acuerdo con las normas internacionales y hacen caso omiso de señales de tortura y malos tratos, además de, en ocasiones, dar muestras de parcialidad y encubrir a sus colegas".

Destaca que, incluso, las víctimas han tenido que esperar años después de su denuncia para que se les aplique el Dictamen Especializado, lo que impide que las investigaciones avancen.

"Resulta especialmente inquietante ver cómo, en ocasiones, el Dictamen Especializado de la PGR parece funcionar como un instrumento de impunidad, ya que demora indefinidamente las investigaciones y bloquea la posibilidad de dictar condena", indica.

En su informe destaca que aunque se duplicaron las denuncias de tortura ante la PGR en un año (pasaron de mil 165 casos en 2013 a 2 mil 403 en 2014), la dependencia sólo aplicó 185 dictámenes durante 2014, 21 menos que en 2013.

"En una reunión mantenida en agosto de 2015, la PGR informó a Amnistía Internacional que habían pendientes más de mil 600 solicitudes de Dictamen Especializado, entre ellas algunas que contenían grupos de hasta 40 denuncias individuales de tortura", reclama la organización.

Asimismo, cuestiona la clasificación en que están divididas en México las lesiones de detenidos: no muestra señales de lesión, lesiones que no son graves y sanarán en menos de 15 días, y lesiones que ponen en riesgo la vida y tardarán más de 15 de días en sanar.

"Estas clasificaciones no captan en toda su extensión los daños causados a las víctimas, que con frecuencia son sometidas a métodos que pueden no dejar lesiones visibles, como la asfixia, las descargas eléctricas y la tortura psicológica", señala el informe.