Los drones son uno de los regalos más populares estas Navidades en Estados Unidos. Se estima que se venderán unos 400.000 aparatos pilotados a distancia, una quinta parte de las ventas anuales en el mundo. La expansión inquieta al Gobierno de Barack Obama. Teme que los cielos se llenen de drones sin control. Poco antes de estas fechas de frenesí comercial, ha anunciado un reglamento para garantizar un uso seguro de los artefactos con fines recreativos.

El ciudadano estadounidense que tenga un dron de entre 250 gramos y 25 kilos comprado después del pasado lunes tendrá que registrarlo antes de empezar a usarlo en el exterior, según la normativa de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Quienes ya tenían drones, tienen hasta febrero para registrarlos. No comunicar los datos del artefacto y de contacto de su propietario puede conllevar multas de hasta 250.000 dólares y tres años de cárcel.

Desde 2012, la ley no requiere un permiso a quien opere con fines lúdicos un dron a menos de 121 metros de altura, siempre que mantenga contacto visual con el aparato, y éste no vuele cerca de aeropuertos ni sobrevuele eventos deportivos ni concentraciones de gente. Ahora, la FAA da un paso más con el sistema de registro, que se basa en las recomendaciones de un panel de expertos, fabricantes y usuarios. El objetivo es saber cuántos drones recreativos hay aproximadamente en EE UU y educar a la población para evitar usos inapropiados.

“No se equivoque: los entusiastas de aparatos no tripulados son aviadores, y eso lleva aparejada una gran cantidad de responsabilidad”, dijo el secretario de Transporte, Anthony Foxx, al revelar a mediados de diciembre el sistema de inscripción. Ese tipo de aparatos existe casi desde el inicio de la aviación en el siglo XIX, pero su uso, gracias al progreso tecnológico que ha reducido los precios, se ha disparado en la última década.

El alcance de la nueva iniciativa es limitado. El Gobierno no tiene capacidad de vigilar por completo los cielos. El reglamento no evita que quien quiera hacer volar un dron con malas intenciones decida simplemente no registrarlo. Y también choca con realidades prácticas: si un dron colisionara con un avión comercial quedaría destruido por completo, incluido su número de identificación, lo que impediría a las autoridades determinar quién era el propietario.

La normativa de la FAA, que se encarga de la seguridad aérea en todo el territorio de los EE  UU, sobre el registro de los drones, contrasta con la casi inexistente sobre el control de armamento:  de los 50 Estados solo nueve tienen leyes que obligan a registrar -con exigencias muy diversas- armas de fuego, según un recuento del Centro Legal para Prevenir la Violencia de las  Armas.

La portavoz de la FAA Alison Duquette evitó comentar, esgrimiendo confidencialidad sobre “asuntos de seguridad”, si existe preocupación ante la posibilidad, y cómo evitarla, de que un dron recreativo pueda utilizarse para atacar a la población con explosivos o armas de fuego.

En una tienda de telefonía en el centro de Washington, venden uno de los drones más populares del mercado. Cuesta 249 dólares, tiene cuatro hélices, puede alcanzar los 50 metros de altura, se pilota desde un teléfono móvil y permite ver a tiempo real en el teléfono las imágenes que graba el artefacto. Uno de los vendedores, que declina dar su nombre por política de empresa, explica que hay una amplia divergencia de conocimiento entre los clientes. “Algunos tienen mucha información sobre las reglas de uso, pero otros simplemente buscan un juguete para sus hijos”, dice. La FAA establece que si el propietario es menor de 13 años una persona mayor debe registrar el dron.

La proliferación de drones, cuyo precio en EE UU oscila entre los 20 y los 30.000 dólares, expande posibilidades y peligros. Los aparatos se han hecho especialmente populares para la captura de imágenes. Hay grupos en la capital estadounidense que se reúnen los fines de semana en parques para surcar juntos los cielos. Pero, al mismo tiempo, no son inusuales las historias de artefactos cerca de aeropuertos, estadios o incluso prisiones con fines de contrabando.

Por Joan Faus / El País