Por Nayeli Roldán (@nayaroldan)

En más de una década de operación, el programa Oportunidades tuvo un impacto “limitado y poco significativo en la movilidad ocupacional intergeneracional”, porque pese a que los beneficiarios consiguieron mejores niveles educativos, se dedicaron a las mismas actividades que sus padres y no consiguieron superar la pobreza.

Así concluye el análisis del programa social incluido en el estudio “Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad en América Latina y el Caribe”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

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Una de las evaluaciones hechas al programa revela que, entre los jóvenes que tenían entre 14 y 24 años en 2007, 40.2% de las mujeres y 74.1% de los varones permanecían en una categoría ocupacional igual o inferior a la de sus padres (frente a un 43.6% de las mujeres y un 71.7% de los varones no destinatarios del programa).

Sin embargo, una de los desafíos es la inclusión laboral y productiva para los beneficiarios de programas de transferencias condicionadas. Oportunidades (antes denominado Progresa), por ejemplo, “ha tenido un impacto limitado y poco significativo en la movilidad ocupacional intergeneracional desde su implementación”, afirma el estudio.

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El principal resultado del programa implementado en los gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón desde 2002, fue aumentar el nivel educativo de los beneficiarios, “pero la falta de oportunidades productivas y laborales, en especial en áreas rurales, no ha permitido mejorar significativamente su condición social”.

Incluso en las regiones donde existe un fuerte flujo migratorio internacional, muchos de los exbeneficiarios emigraron hacia los Estados Unidos, lo que demuestra que “mejorar la inclusión laboral de personas con bajos niveles de educación es un esfuerzo de largo plazo”, que requiere apoyo psicosocial a los destinatarios, sobre todo a las mujeres y personas de origen indígenas, quienes enfrentan las mayores dificultades.

El estudio de la CEPAL advierte las razones por las cuales los programas sociales no han podido incorporar al mercado laboral a las personas en situación de pobreza y pobreza extrema: déficit de formación educacional y habilidades para el trabajo; debilidad de los vínculos con el sector privado generador de empleo; escasez de oportunidades laborales en el territorio y las brechas y barreras étnicas y de género

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Sin embargo, hay ejemplos exitosos, como el programa Jóvenes en Acción de Colombia, que tiene efectos sobre los ingresos salariales (que en promedio aumentan un 12%), así como sobre la probabilidad de contar con un empleo remunerado. Además, la probabilidad de que los jóvenes beneficiados sean empleados después de ser capacitados en el programa es de 55.5%.

Esta información forma parte del capítulo “Políticas de superación de la pobreza, políticas sectoriales y sistemas de protección social” del estudio, donde la CEPAL analiza los diferentes programas de atención a la pobreza implementados por los gobiernos de América Latina.

Entre las conclusiones se advierte que si bien el crecimiento de cobertura de los programas es notorio, aún son “insuficiente” y hasta el momento sólo se ha logrado aliviar, más que superar la pobreza y la desigualdad. Además, “el incremento del acceso a los servicios sociales de educación y salud debe ir acompañado del fortalecimiento de las políticas universales”.

La CEPAL emite siete recomendaciones para que los programas sociales consigan mejores y sostenibles resultados:

1.     Extensión de la cobertura, incorporando el principio de búsqueda activa para llegar a toda la población en situación de pobreza.
2.     Ampliación de los montos de las transferencias para que sean al menos suficientes para garantizar la superación de la extrema pobreza de todos los integrantes del hogar.
3.     Articulación con políticas que busquen la universalización de la protección social. Buscar sinergias con las políticas sectoriales de salud, nutrición y educación, así como con las políticas de cuidado.
4.     Asociación con programas de inclusión laboral y productiva para fomentar el acceso al trabajo decente y de generación autónoma de ingresos de las familias en condición de pobreza, tanto en las zonas rurales como urbanas.
5.     Incorporación de la dimensión de género, en particular en el diseño de las condicionalidades y de políticas pertinentes para los jóvenes y las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
6.     Articulación con políticas relacionadas a la extensión de cobertura y mejorías en la infraestructura rural y urbana (electricidad, agua potable y saneamiento, vivienda y transporte).
7.     Promoción de vínculo con el medio ambiente y el territorio, abogando por el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la población frente a los desastres naturales y búsqueda de respuestas a las desigualdades territoriales.