Por: Alejandro Suárez

México, DF. La Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) tomará este jueves la investigación del Caso Ayotizinapa, en lugar de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), acordaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y representantes del Estado Mexicano.
 
El acuerdo forma parte de un documento de 10 puntos que firmaron el GIEI y el Estado mexicano sobre la investigación del Caso Ayotzinapa y que fue presentado en el marco de la comparecencia de México en el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
“Sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación en la Subprocuraduría de derechos humanos, el cual llevará la segunda parte de investigación de forma exclusiva”, dice el primer punto del acuerdo.
 
Dicha subprocuraduría está a cargo de Eber Omar Betanzos Torres, quien ocupa el cargo desde el 19 de mayo pasado por designación de la procuradora Arely Gómez. Su formación académica incluye tres licenciaturas (incluida Derecho), tres maestrías y un doctorado; dentro de la administración pública  ha sido asesor en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la PGR.
 
Otros puntos del acuerdo consideran el tercer peritaje en el basurero de Cocula; la conformación de un nuevo equipo de investigación; integrar el informe del GIEI a la investigación del caso; nuevas líneas de investigación; relanzar la búsqueda de los desaparecidos; que la comunicación entre la PGR y el GIEI sea por medio de minutas; el GIEI proporcionará a la PGR un documento de trabajo para la investigación y la búsqueda; atención a víctimas conforme lo establecido por el Grupo de Expertos; y compromiso de confidencialidad en la investigación.
 
Con estos acuerdos signados, lo que sigue es la firma de la extensión de mandato del Grupo de Expertos, punto en el que el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrían, pidió a la CIDH defina cuándo será, recibiendo la respuesta que será en próximos días.
 
Dentro de la comparecencia de México ante la Comisión Interamericana, el comisionado James Cavallaro, le preguntó a Campa Cifrían si el Estado mexicano va a permitir al GIEI entrevistar a los militares del Batallón 27 que estuvieron en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
 
“El 6 de octubre, el señor secretario de la Defensa, Salvador Cienfugos, dijo ‘no puedo permitir que interroguen a mis soldados, no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales’. En este caso el asunto ha sido tratado por el presidente de la república en diversas reuniones, y según entiendo el ejército depende del poder civil, entonces ¿cuál es la posición del Estado?”, pregunto Cavallaro.
 
En respuesta, Campa dijo que el acuerdo no contempla en ninguno de sus puntos la entrevista de los Expertos con los miembros del Ejército, por lo que mantienen su postura de que se protegerán los derechos de los militares conforme a la normatividad correspondiente.
 
“Hasta el momento han declarado 50 integrantes de este Batallón, y reiteramos nuestra plena disposición para que atendiendo lo que define el marco legal que corresponde, puedan ampliarse estas declaraciones a partir de las recomendaciones de los expertos”.
 
En la sesión, Carlos Beristain, uno de los integrantes del GIEI, insistió en la importancia de la entrevista para verificar información de lo que pasó la noche que desaparecieron los normalistas, siendo uno de los pendientes de la investigación.
 
En la réplica, el subsecretario dijo que el acuerdo original especifica que la actuación del GIEI sólo puede actuar a través del Ministerio Público.
 
Este martes, la CIDH también escuchó la situación que guarda el juicio por la matanza de Acteal, los derechos humanos en el marco de la política de combate al narcotráfico en México y las desapariciones forzadas. En los tres foros, asociaciones civiles denunciaron que el Estado incumple con su función de proteger a los ciudadanos pues además de no resolver los casos de violaciones a derechos, éstas siguen ocurriendo.