Complicado el asunto. Tanta basura tóxica producida, pocos lugares para su confinamiento. Basura que, si no se ve, en algún lugar está; y si no se le ha puesto en un lugar para ello, de seguro que ya se ha provocado un daño irreversible.

Encontrar un lugar y edificar un Cimari, (Centro Integral de Manejo Ambiental de Residuos Industriales). Complicado. 

Alrededor de eso hay, por supuesto, intereses. Los vecinos inmediatos: ellos tendrían todas las dudas y sufrirían los riesgos inmediatos de un confinamiento inadecuado; los demás, que no ayudamos y por eso estorbamos; las autoridades, que algún dinero ingresarán por permisos y otros servicios.  Agendas que se sobreponen, se encuentran, rompen.

Al centro de Coahuila, esta situación se ha venido complicando. 

En días recientes subieron de tono las manifestaciones de los pobladores del lugar donde estaría un nuevo Cimari (Ejido Noria de Sabina, General Cepeda). El encarar al Alcalde, poco antes, y pedirle un actuar responsable, fue lo mismo que nada. Ahora, han ocupado el predio y por ello enfrentarían una demanda por despojo y daños. 

Frente, la autoridad. En palabras del secretario de Gobierno de la entidad: “Nosotros checamos toda la documentación para la apertura… y todo está en orden, ahí no sabemos qué es lo que pasa, hay ahí un grupito de gentes que invadieron el área privada” (VANGUARDIA, octubre 16, 2015). 
Ahí, en una pincelada, la posición oficial.     

¿La magnitud de lo que está en juego? Algunas cifras… y preguntas sobre ello. 

De las 86 mil toneladas de residuos peligrosos producidos por la industria coahuilense, apenas el 25% estaría siendo confinado de manera adecuada. Esto es, al menos, el dato que publicita la empresa que quiere construir el confinamiento en General Cepeda (VANGUARDIA, octubre 2, 2015).

¿Pudiera haber un sesgo en la cifra dado quién la difunde? Démosla por buena.  Lo que la empresa (sus estudios) ha detectado para argumentar la urgencia de su intervención se traduce en un 75% de residuos de la industria coahuilense no dispuestos de manera correcta. 

Aquí las preguntas que, gracias a la empresa, deben hacerse: ¿Dónde ha estado la autoridad ambiental todo este tiempo? ¿Quién autorizó la instalación de esa industria que contamina sin exigirle un plan para el tratado de sus deshechos? ¿Quién supervisa?

Si las cosas están como la empresa constructora dice, por supuesto que hay una urgencia. Parte de esa urgencia es exigirle a la autoridad rinda cuentas sobre lo que evidentemente ha dejado de hacer. 

Otra arista no menos importante es “la política de la aplanadora” que continúa siendo la estrategia predilecta de un Gobierno que va hacia su segunda mitad. 
No hay capacidad de conciliación ni diálogo, lo que ofrecen (como premio mayor) es un desalojo pacífico.  

Ofrecen, también, un aval que les queda grande: Ellos (quienes sean los que estén incluidos en el dicho del secretario de Gobierno) ya revisaron la papelería y todo está bien. Lo dice como si fueran infalibles, como si no hubiera un historial de errores. Muchos gobiernos, en eso, han fallado.

Ésto, por si fuera poco, se enfrenta con la postura de un Obispo que lo mismo parece trabajar por limpiar el alma que el agua. Y, si bien su presencia polariza, no es cualquier cosa. Hay un factor real de poder por considerarse, no sólo un “grupito de gentes”.

Complicado. Acá, la forma es fondo. Y es un Gobierno que ya va de salida.  

@victorspena

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