México, DF. En el marco del seminario Hablemos de Corrupción, convocado por diversas organizaciones, se presentó un estudio en el cual, el 63 por ciento de nuevos emprendedores "perdieron oportunidades de negocio por rehusarse a pagar un soborno" en el proceso de inserción en la economía y un porcentaje similar de inversionistas sondeados consideraron que la corrupción es el modus operandi de los negocios.

En su oportunidad, Roby Senderowitsch , gerente del programa abierto de la Alianza Global para la auditoría social del Banco Mundial sostuvo que inhibir la corrupción es uno de los grandes desafíos de las economías, porque es un factor que desalienta la inversión y genera pérdida de confianza en las instituciones públicas. Subrayó que la corrupción no puede circunscribirse solamente al sector público, pues también existe en una buena proporción en el sector privado.

El funcionario del BM destacó la importancia de que no solamente se hable de la corrupción, sino que se debe trabajar en mayor transparencia y reducir la impunidad, porque sin estos dos factores, sólo se genera mayor descontento social y frustración entre los ciudadanos.

Para la ex presidenta del Ifai, María Marván, aunque México ha avanzado en materia de transparencia, esta no es suficiente para inhibir las prácticas de corrupción en México, pues en el mejor de los casos la inhibe pero en el peor de los escenarios sólo la exhibe y alienta el cinismo entre la clase política.

Marván destacoó la importancia de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, pero si bien ya se avanzó en la reforma constitucional, aún faltan la aprobación de las leyes secundarias. Sin embargo, su elaboración debe ir aparejada con el diseño de las políticas públicas para su instrumentación para no caer en el eufemismo de "acátese pero no se cumpla"

Por su pare, la investigadora María Amparó Casar, directora de Anticorrupción del Instituto Mexicano de Competitividad, ofreció cifras del estudio elaborado por el organismo, que estimó en 890 mil pesos el costo anual de la corrupción, en una perspectiva conservadora, lo que supone el presupuesto de las instituciones diseñadas contra la corrupción, 87 veces el de la UNAM, 67 el del Congreso, 7.7 veces el de Sedesol o tres veces el de la SEP.

Casar aseguró que la corrupción tiene una mayor repercusión entre los sectores sociales que no tienen la capacidad de sustituir los beneficios de los programas sociales en el ejercicio de los recursos públicos que se dedica a estos sectores. Dijo que el estudio del Imco calcula en un 14 por ciento el presupuesto del ingreso familiar que se destina a este "impuesto regresivo" que implica la corrupción, o bien el 33 por ciento si se estima sobre un salario mínimo. Mencionó que se estima que en promedio, cada caso de corrupción se calcula en un costo de 165 pesos.