Por Arturo Angel (@arturoangel20) por Animal Político

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó pericialmente que uno de sus detenidos clave para sostener que los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados y arrojados a un río, Patricio Reyes Landa alias “El Pato”, presentaba huellas de tortura tras su captura. Pese a ello el mismo Ministerio Público validó su declaración y lo consignó.

Un dictamen de mecánica de lesiones realizado por la propia Procuradurìa, bajo los parámetros del llamado Protocolo de Estambul, que sirve para verificar si pudo existir o no tortura, corroboró que las lesiones físicas de Reyes Landa eran compatibles con las que se provocan mediante maltratos y tratos crueles.

El documento se encuentra en el tomo 82 de los 85 que tiene la versión pública de las averiguaciones que la PGR ha integrado por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, y al que Animal Político pudo tener acceso gracias a una solicitud de transparencia.

Pero no es todo. El expediente también revela que la PGR tardó casi un mes en autorizarle a la CNDH una revisión a otro detenido clave que denunció tortura, Jonathan Orozco alias “El Jona”, y cuando lo hizo, citó a los especialistas en un horario en que ya no lo iban a encontrar en el Centro de Arraigos pues antes lo mandaron a un penal federal.

Cabe señalar que “El Pato”, “El Jona” y otras cuatro personas en las cuales la Procuraduría sustentó lo que popularmente se conoce como la “verdad histórica” del caso, estuvieron arraigados casi 80 días antes de ser consignados.

Ayer Animal Político publicó que la mayoría de estos presuntos sicarios y “halcones” de Guerreros Unidos fueron asegurados, según los propios partes de sus detenciones, en la calle y en presunto estado de ebriedad. De acuerdo con las autoridades fue ese estado lo que provocó que varios de ellos “se golpearan solos”.

El expediente del caso Ayotzinapa también revela que en enero pasado, uno de los jueces federales a cargo de los procesos penales iniciados este caso, advirtió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) respecto a las anomalías e incluso actos ilegales en sus consignaciones, situaciones que incluso, podrían derivar en la libertad de varios de los inculpados.

Tortura… sin consecuencias

El último día del año pasado, el 31 de diciembre de 2014, se integró a la averiguación previa del caso el documento número SEIDO/UEIDMS/FE-C/11062/2014 que incluía los resultados de un peritaje que técnicamente se denomina mecánica de lesiones, y que consiste en determinar cuál es el origen de las lesiones que pudo sufrir una persona.

Dicho peritaje se realizó con la finalidad de establecer si las lesiones que presentaban cerca de una decena de detenidos eran compatibles con lo que establece el Manual para la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros tartos crueles o inhumanos, conocido coloquialmente como Protocolo de Estambul.

Los resultados en nueve casos, entre ellos el del expresidente municipal de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda fueron negativos en la existencia de lesiones compatibles con las que señala el protocolo de tortura.

Sin embargo en un caso el resultado fue positivo. El nombre de esta persona aparece sombreado a excepción de los que dieron negativo, pero la comparación y eliminación con los nombres de la lista a los que se les practicó este peritaje, permite establecer que se trata de Reyes Landa.

“En el caso de (Reyes Landa) sí se encontraron elementos médicos periciales para determinar la existencia de lesiones compatibles con lo que se describe en la Investigación Médico Forense referida en el Manual para la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y otros tartos crueles o inhumanos, o degradantes, Protocolo de Estambul” indica el análisis.

En el mismo oficio de más de 30 cuartillas se establece que las lesiones que presenta Reyes Landa son, entre otras, una herida de cinco centímetros de longitud cuya ubicación no se describe, un edema, una escoriación con puntiforma, y dos laceraciones.

En su primera declaración tras haber sido detenido el 27 de octubre, “El Pato“ dijo que las heridas que presentaba se las había provocado por una caída pero, en una ampliación de su declaración fechada el 3 de noviembre, explica que fue torturado.

“Se metieron a la casa y me empezaron a golpear y patear, me subieron al vehículo, me vendaron los ojos, pies y manos y me empezaron a volver a golpear y dar toques y me pusieron un trapo en las narices y me echaron agua, me dieron toques en los testículos, me ponían una bolsa en la cara para no respirar, así se pasaron varias horas” dijo el detenido.

Agregó que además de los maltratos físicos, los agentes que lo detuvieron lo amenazaron verbalmente. Le dijeron que si no decía que los golpes que tenía era producto de una caída atentarían contra su familia, y que a él “lo amenazaban con que lo iban a hacer pedazos y echarlo en una bolsa”.

Pese a estos resultados periciales en el expediente de la PGR, por lo menos en lo que Animal Político ha podido revisar, no hay constancia de que se haya iniciado una investigación por el tema específico de la tortura.

Por el contrario, Reyes Landa fue consignado ante un juzgado federal en Tamaulipas el 9 de enero acusado de delincuencia organizada, es decir, semana y media después del referido peritaje.

La declaración de “El Pato” que se encuentra en los expedientes consignadas por la PGR, y a la que hizo referencia públicamente en noviembre de año pasado el entonces procurador Jesús Murillo Karam, resalta que los normalistas fueron llevados y asesinados en un basurero de Cocula, bajo la creencia de que eran integrantes del grupo criminal de “Los Rojos”, y que sus cenizas fueron colocadas en bolsas y arrojadas a un rio.

La revisión que no fue

Jonathan Orozco alias “El Jona”, otro de los que declaró que los normalistas murieron quemados en Cocula, fue detenido junto con “El Pato”. Su captura, se encontraba bajo investigación de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la posibilidad de que también hubiera sido torturado.

Según lo que revela la versión pública del expediente, el 12 de diciembre del 2014 la CNDH, a través del oficio 73149, solicitó a la SEIDO que permitiera a su personal hacer una valoración médica y sicológica de Reyes Landa en el Centro de Arraigo, donde se encontraba cumpliendo con esa medida cautelar.

La Procuraduría dio el visto bueno semanas después a través de oficio PGR/AIC/PFM/DGSESPP/DGACFA/0049/2015 en el que se instruyó al personal del Centro de Arraigo permitir el ingreso de los visitadores de la Comisión a las 17 horas del 9 de enero.

Sin embargo, de forma paralela, la SEIDO también solicitó a la Policía Federal Ministerial que ese mismo día Jonathan Orozco junto con otrOs acusados fueron sacados de las referidas instalaciones para ser trasladados a un penal federal, luego de que un juez concedió una orden de aprehensión en su contra. Esto fue en el oficio PGR/SEIDO/UEIDMS/FE-D/127/2015.

Un oficio posterior de la Policía federal Ministerial, confirmó que los detenidos salieron del complejo de arraigos aproximadamente a las 16 horas para ser trasladados a un penal de máxima seguridad, es decir, una hora antes de la cita para que llegaran los especialistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El expediente, por lo menos en el tomo 83 donde se encuentran estos oficios, no incluía algún documento en el que se hubiera reagendado la referida revisión.

El regaño del juez

El 5 de enero de este año, el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Tamaulipas, amonestó a la SEIDO por lo que calificó como una actuación “omisa” y en algunos casos hasta “ilegal” en las consignaciones hechas por la investigación de la desaparición de los 43 normalistas.

Esto luego de que la propia SEIDO consignó la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/1017/2014 en la que solicitó auto de formal prisión y nuevas órdenes de aprehensión en contra de más de medio centenar de personas. Previamente ya había consignado Las averiguaciones 439/2014, 849/2014 y 871/2014.

Antes de conceder esas solicitudes el juez pidió a los agentes ministeriales, bajo protesta de decir verdad o de lo contrario serían denunciados, que informaran exactamente a cuantos juzgados distintos se habían hecho ya consignaciones por el mismo caso y que resultado se obtuvo de las órdenes pedidas.

Y es que el juzgado subrayó que había detectado una “práctica reiterada” de agentes de la SEIDO para omitir en sus consignaciones la información antes solicitada.

“En esos casos excluyeron de sus averiguaciones las constancias de consignación previa con lo cual imposibilitan a este juzgado de contar con los elementos necesarios para resolver sobre su competencia legal y lo indujeron al error de ejercer la acción penal de forma ilegal” dijo el juzgado.

Proceder en contra de las mismas personas por el mismo delito, recordó el juzgado a la PGR, es un hecho violatorio de los derechos humanos y por lo tanto ilegal y anticonstitucional, y dejó como recordatorio que ya en enero del 2012 tuvo que liberar a personas ya sujetas a proceso penal, luego de que estas se ampararon y verificar la actuación irregular de la Procuraduría.

Por Arturo Angel (@arturoangel20) por Animal Político