Buenos Aires.- El jefe de Gabinete de Argentina, Aníbal Fernández, fue señalado de tener vínculos con narcos mexicanos que traficaron efedrina para producir metanfetaminas, acusación que el político desmintió y tachó de "electorera".

La denuncia se produjo en plena campaña electoral en la que Fernández busca la gubernatura de la provincia de Buenos Aires, y se refiere a la llamada "ruta de la efedrina" que estalló en 2008, cuando la policía allanó el primer laboratorio de drogas sintéticas encontrado en el país sudamericano.

Según Lanatta, Fernández recibió sobornos millonarios para proteger a Sebastián Forza, un empresario farmacéutico que estaba metido en el tráfico de la efedrina, pero después quiso desplazarlo para manejar él mismo el negocio.

Otro de los testimonios que pudieron escucharse por televisión en contra de Fernández fue el de José Luis Salerno, empresario farmacéutico que participó de un negocio ilegal que obligó al gobierno a limitar la importación de efedrina a partir de 2008.

El caso estalló en julio de ese año, cuando una decena de mexicanos, al mando de un argentino, fueron detenidos en una casa de las afueras de la capital en la que se fabricaban drogas de diseño, aunque después se descubrió que era apenas una de las bandas que estaba consiguiendo la efedrina.

Semanas más tarde fueron encontrados en una zanja los cuerpos de Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, lo que provocó una conmoción social por el tinte mafioso con el que se cometió el crimen.

Durante el juicio en el que Lanatta fue condenado como autor intelectual de este triple asesinato, la justicia concluyó que el autor intelectual era Ibar Esteban Pérez Corradi, un empresario actualmente prófugo.

Fernández rechazó todas las imputaciones aun antes de que se emitiera el programa, y esta mañana ratificó que jamás conoció a Lanatta ni tuvo nada que ver con Forza, y que todo responde a una operación política en su contra.

"El objetivo es meterse en la elección del Frente para la Victoria, es una agresión lisa y llana", dijo al desacreditar el valor de testimonios de personas que están en prisión o que estuvieron imputadas en el caso.