El Vaticano y el episcopado argentino anunciaron que culminaron el proceso de catalogación y digitalización de los archivos que poseían sobre la última dictadura militar, que gobernó entre 1976 y 1983 en Argentina, y los abrirán a familiares de las víctimas y autoridades religiosas.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) defendió la actuación de la Iglesia católica durante la dictadura, pese a los amplios cuestionamientos que recibió, y afirmó que la apertura de archivos eclesiásticos de ese período será "un servicio a la Patria, para la reconciliación de los argentinos".

La revisión del material, unos 3,000 documentos, se llevó a cabo por voluntad del papa Francisco, informó el Vaticano en un comunicado de prensa.

"De acuerdo a un protocolo que se establecerá próximamente, podrán acceder a la consulta de los documentos relativos las víctimas y familiares directos de los desaparecidos y detenidos y, en el caso de religiosos o eclesiásticos, también sus Superiores mayores", precisó el documento.

El Vaticano remarcó que "este trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro".

La Conferencia Episcopal Argentina había iniciado años atrás la catalogación del material de archivo que poseía sobre la dictadura militar, impulsada por el entonces arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio, quien aceleró el proceso una vez que llegó a la silla de San Pedro.

El avance del proceso fue analizado durante una reunión el 15 de octubre de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, liderada por el arzobispo de Santa Fe José María Arancedo, con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario para las Relaciones con los Estados, Richard Paul Gallagher, en Roma.

"Se ha constatado que este proceso de organización y digitalización, llevado a cabo en conformidad con las decisiones e indicaciones del Santo Padre y que supone la continuación de un trabajo ya iniciado años atrás por la Conferencia Episcopal Argentina, ha terminado", subrayó el Vaticano en su comunicado oficial.

En Buenos Aires, tres obispos de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal dieron más detalles sobre la apertura de los archivos, en su mayoría cartas y algunos documentos aportados por el Vaticano.

El vicepresidente primero de la CEA, cardenal Mario Poli, afirmó que la Iglesia "no le tiene miedo" a la apertura de los archivos relacionados con la dictadura y sostuvo que la decisión de ponerlos a disposición de las víctimas y los familiares de desaparecidos representa "un servicio a la Patria, para la reconciliación de los argentinos".

El arzobispo Arancedo rechazó que se acuse a la Iglesia de haber tenido "complicidad" con la dictadura militar aunque luego reconoció: "La Iglesia no hizo todo lo que pudo y, eso es cierto, y pedimos perdón".

"Complicidad es una palabra fuerte y creo que de los documentos va a surgir otra palabra. Me atrevo a decir que, una vez que se pueda tomar contacto con todo el camino, la presencia de la Iglesia va a aparecer con más luces que sombras, que siempre puede haber", agregó el arzobispo de Santa Fe.

El presidente de la Conferencia Episcopal remarcó que "la Iglesia permaneció en ese momento difícil". "No se fue, se quedó aquí, y quedándose aquí tuvo muchas heridas, muchas muertes dentro de la propia Iglesia, y mucha gente que se ayudó a salir del país. Es una historia que está por hacerse", señaló.

La presidenta de la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, había solicitado en abril la apertura de los archivos del Vaticano. "Cuenten conmigo", respondió el argentino Jorge Mario Bergoglio a las mujeres que buscan a sus nietos apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar en Argentina.

Las Abuelas ya restituyeron la identidad de 121 nietos, pero continúan en la búsqueda de otros 400. "Esto puede ayudar a encontrar más nietos", celebró la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas.

La junta militar liderada por Jorge Rafael Videla que el 24 de marzo de 1976 destituyó a la presidenta María Estela Martínez de Perón instituyó un régimen represivo sangriento que dejó unos 30.000 desaparecidos en el país sudamericano, según estimaciones de organismos de derechos humanos.

El director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, destacó la apertura de los archivos de la Iglesia católica al considerar que esos documentos "pueden contener información valiosa" para las causas judiciales sobre delitos de lesa humanidad, pero se quejó de que "no se trate de información de acceso público”.