CIUDAD DE MÉXICO.- La “epidemia de violencia” en muchas partes de México inició con la “fatídica decisión” del gobierno del expresidente Felipe Calderón de utilizar a militares en zonas civiles para combatir a los narcotraficantes, destaca un informe publicado en la última edición de la revista británica ‘The Lancet’.

“El aumento de los homicidios en México desde 2006 prácticamente no tiene precedentes en un país que no está formalmente en guerra”, apunta el estudio en el que participó una comisión internacional de expertos coordinado por la publicación y la universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.

El incremento en los asesinatos es tan grande en algunas partes de México “que ha contribuido a una reducción de la esperanza de vida proyectada del país”, precisa.

Y menciona que los análisis consultados destacan que de 2008 a 2010 en el estado de Chihuahua, uno de los más afectados por la violencia de la droga, la esperanza de vida para los hombres cayó en un promedio de cinco años.

Según la comisión de expertos, el aumento de los homicidios registrado en México a partir de 2006 resulta “muy significativo y notable”, sobre todo porque ningún otro país en América Latina, ni en el mundo, tuvo un “rápido incremento de la mortalidad en tan poco tiempo”.

Incluso algunos expertos hablaron de una relación entre la violencia de las drogas y el aumento de los feminicidios en México y América Central.

De acuerdo con la comisión internacional de expertos, las políticas prohibicionista de las drogas impuestas por distintos gobiernos, entre ellos el de México, “han contribuido directa e indirectamente a la violencia letal, la transmisión de enfermedades contagiosas, la discriminación, el desplazamiento forzado”, además de ser “nocivas” para la salud pública y los derechos humanos.

“La persecución de la prohibición de las drogas ha generado una economía paralela dirigida por redes criminales. Estas redes que recurren a la violencia para proteger sus mercados, y la policía y a veces las fuerzas militares o paramilitares que les persiguen, contribuyen a la violencia y la inseguridad en las comunidades afectadas por el tránsito de drogas y las ventas”.

La comisión señala que los “niveles intolerables de violencia, inseguridad y corrupción han dado lugar a desplazamientos masivos en México y América Central, con niveles similares a los documentados en zonas de guerra”.

Añade: “Las personas desplazadas, incluidos los niños, son característicos de una situación jurídica incierta y la escasez de servicios. Según una estimación, aproximadamente el 2% de la población de México, alrededor de 1.65 millones de personas, fueron desplazadas debido a la violencia o el riesgo de violencia entre 2006 y 2011 (durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa)”.

El documento explica que gran parte de la violencia relacionada con el tráfico de las drogas surge de los esfuerzos de los grupos criminales para proteger sus mercados ilícitos.

Y menciona que algunos expertos en la materia han sugerido que las operaciones policiales pueden dar lugar a importantes aumentos en la violencia cuando el desmantelamiento de una red criminal conduce a sus grupos rivales a intentar ocupar el territorio del grupo debilitado.

“México y Centro y Suramérica han resistido una enorme carga de la violencia relacionada con las drogas”, dice el informe, y resalta que como en las guerras convencionales, las redes criminales que dominan el tráfico de drogas en Centroamérica han usado la violación para defender sus territorios y rutas.

“Las violaciones brutales y el asesinato de mujeres son utilizadas para aterrorizar a las comunidades y a las bandas rivales”, puntualiza.

Precisa, de igual manera, que aunque no todo el aumento de los homicidios se puede atribuir a la violencia relacionada con las drogas, gran parte sí lo es.

“Una estimación sugiere que las muertes relacionadas con la guerra de las drogas hizo que la tasa nacional de homicidios subiera a una de 11 casos por cada 100 mil habitantes, lo que resulta en una tasa global de más de 80 casos por 100 habitantes en lugares muy afectados; la tasa de 11 homicidios por cada 100 mil personas es 2.5 veces el total de homicidios tasa en Estados Unidos de 2014”.

El reporte menciona que los expertos también han sugerido que el impacto de la guerra contra las drogas a la mortalidad es más difícil de cuantificar debido a los métodos usados por las pandillas, tales como decapitación y desmembramiento, las ejecuciones de grupo, y las fosas comunes.

A pesar de que los homicidios han bajado desde 2012, se ha registrado una tendencia al alza hasta 2014. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), esta tendencia sigue hasta febrero de 2016, cuando los casos de homicidio doloso fueron mayores a los registrados en enero y a finales de diciembre del año pasado, detalla.

Subraya que los homicidios tipo ejecución están claramente destinados a aterrorizar a la población.

“Vivir con el miedo de la violencia extrema es perjudicial para el funcionamiento normal de los servicios sociales y de salud, educación, y la participación ciudadana. La penetración de todos los aspectos de la sociedad por las organizaciones de tráfico de drogas en México, Colombia y varios países de América Central puede corromper todo, desde las elecciones hasta los servicios locales y los equipos de deportivos”, agrega.

El informe revela además que las leyes contra las drogas se han aplicado de manera “discriminatoria” contra minorías raciales y étnicas y contra mujeres, lo que ha socavado los derechos humanos.