El juicio de doce dirigentes independentistas catalanes comenzó hoy en el Tribunal Supremo español con críticas de las defensas al proceso, al que consideran de fondo político y con vulneración de los derechos fundamentales de los acusados.

La primera jornada de este juicio empezó con asuntos de procedimiento y técnicos, tras las cuales comenzaron las cuestiones previas plantadas por los abogados defensores.

El primer letrado en intervenir fue Andreu Van den Eynde, el abogado de dos de los acusados, el exvicepresidente regional catalán Oriol Junqueras y el exconsejero de Exteriores Raül Romeva.

Van den Eynde aseguró que se trata de un juicio "político" que ha "criminalizado" cuestiones como el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

El letrado aseguró que ha habido "denegación de pruebas" y "vulneración de derechos fundamentales", criticó que los acusados lleven más de un año en prisión provisional y recalcó que la Constitución española no permite criminalizar a "la disidencia”.

Además, Van den Eynde recalcó el derecho a defender la independencia de una entidad subestatal, en referencia a la región autónoma de Cataluña, "en términos de pueblo oprimido", algo que según él permite la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia).

El juicio, cuya duración prevista es de unos tres meses, se lleva a cabo en la Sala de Plenos del Supremo con siete magistrados, que tendrán que decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados, y en qué grado.

Los hechos por los que se acusa a los procesados son la aprobación en el Parlamento regional de leyes independentistas, el acoso a una misión policial y judicial que acudió a buscar pruebas a un departamento del Gobierno regional catalán, la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración unilateral a favor de la secesión, el día 27 de ese mes.

La Fiscalía pide para los doce acusados penas que oscilan entre los 7 y 25 años de cárcel por los delitos de rebelión (con uso de violencia), malversación y desobediencia, mientras que la Abogacía del Estado las rebaja a entre 7 y 12 años de prisión al acusar por sedición.

El partido ultraderechista Vox, que ejerce la acusación popular, pide condenas de 24 a 74 años.

El presidente del Gobierno regional catalán, el independentista Quim Torra, acudió con dos miembros de su Ejecutivo a esta primera jornada, en la que también están representantes de los parlamentos regionales catalán y vasco.

* Protestas en inicio de juicio a 12 independentistas

El engorroso juicio contra una docena de políticos y activistas partidarios de la independencia de Cataluña comenzó hoy en el Tribunal Supremo en Madrid, en medio de protestas de partidarios de la secesión y en un ambiente de elevada crispación política.

Los 12 acusados están siendo juzgados por rebelión y otros derivados de su papel en la declaración de independencia unilateral de octubre de 2017, que se basó en los resultados de un referéndum realizado pese a una prohibición constitucional.

El juicio, que posiblemente sea el más importante en cuatro décadas de democracia en España, arranca con el futuro del gobierno en minoría del socialista Pedro Sánchez en manos de las negociaciones de última hora con los partidos independentistas catalanes para que respalden los presupuestos generales de 2019.

Sánchez podría verse obligado a convocar elecciones anticipadas si los separatistas, que el año pasado sí respaldaron al Partido Socialista en su moción de censura al entonces presidente conservador Mariano Rajoy, no cambian de postura en la votación del plan de gasto prevista para el miércoles. El debate presupuestario en el Congreso comenzó también hoy.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que el gobierno no va a ceder a las presiones catalanas de iniciar conversaciones sobre la autodeterminación regional a cambio de su apoyo al presupuesto.

El gobierno “no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie”, aseguró Montero. “No va a admitir bajo ninguna circunstancia que en ningún orden del día esté el derecho a la autodeterminación de Cataluña”.

Los independentistas quieren que Sánchez acceda a conversaciones sobre la autodeterminación de la región del noreste de España, pero Madrid alega que la Constitución no lo permite.

Las tensiones entre los dos gobiernos central y regional tuvieron su apogeo con el intento de independencia de 2017, pero el conflicto se ha enquistado desde entonces. Los 7.5 millones de residentes en Cataluña siguen divididos sobre la cuestión secesionista.

El martes, manifestantes independentistas bloquearon brevemente autovías y carreteras antes del inicio del juicio en el alto tribunal en Madrid.

No se espera que el exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, la expresidenta del parlamento regional Carme Forcadell y los otros 10 acusados declaren ante el tribunal hoy, pero estuvieron presentes en la vista en las cuatro bancas situadas en el centro de la sala.

Frente a ellos se situó el panel de siete jueces presidido por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que dirigió el proceso.

El abogado de Junqueras, Andreu Van Den Eynde, fue el primero en intervenir y alegó que la causa "atenta contra la disidencia política”.

"Nos encontramos ante un juicio excepcional", dijo a los jueces, añadiendo que "la autodeterminación es la fórmula de que no existan conflictos en el mundo”.

El presidente de Cataluña, Quim Torra, un ferviente defensor de la independencia, siguió la audiencia desde la parte posterior de la sala, en uno de los 100 sitios reservados para los familiares de los acusados, periodistas y público en general, algunos de los cuales hicieron fila durante horas para entrar.

Junqueras podría recibir la condena más alta, 25 años, si es hallado culpable de rebelión. Sus compañeros de bancada, acusados de sedición o malversación de fondos públicos, obtendrían sentencias más bajas.

El juicio se emitía en vivo por la televisión en una muestra de transparencia que busca contrarrestar el ataque de los separatistas a la credibilidad de la corte. Es probable que se prolongue durante al menos tres meses y el veredicto, y cualquier sentencia, se conocerán meses más tarde.