El actual proceso electoral es reflejo del régimen particularista que tiene México. La lógica particularista conforme la cual los intereses de un grupo dominante están por encima de los intereses generales ha tamizado las relaciones sociales y han moldeado el debate público. Lo que tenemos enfrente no es una lucha de ideas y proyectos sino una pugna por conservar y acrecentar parcelas de poder. Clientelas en lucha por la supervivencia.

Con un dejo de despotismo, un sector del empresariado, principalmente aquel que se ha visto beneficiado por las relaciones personales y por las generosas redes de corrupción, promueve un voto razonado, sustentado no en el ejercicio de derechos políticos, sino en el miedo a perder sus propios privilegios.

Los líderes sindicales se acomodan a los nuevos tiempos y los partidos políticos aceitan sus maquinarias para que, en la sustitución de la casta por el pueblo, la nueva voluntad general le de voz a los neo-ungidos.

El régimen particularista, como bien lo describe Alina Mungiu-Pippidi, es la base de la corrupción. Es contrario a los valores del universalismo ético en el que existen contrapesos institucionales que limitan los abusos de poder, valores democráticos que permiten la convivencia entre iguales y sociedades con capacidad para exigir resultados.

El particularismo no es individual, es competitivo y también está en las instituciones. Por ello aquéllas que debieran velar por los derechos fundamentales están fallando en cumplir con su mandato. Desde el 9 de abril pasado, el Instituto Nacional Electoral puso a disposición de la ciudadanía una plataforma para acceder tanto a información curricular básica de los candidatos como a la información sobre lo que los partidos políticos reportan como gasto electoral. En ambas áreas hay problemas. De los candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa, solamente 295 han presentado información, mientras que solo 71 de los candidatos al Senado se ha tomado la molestia de informar quiénes son y qué proponen. Entre ambas cámaras solo contamos con el 20 por ciento de las mil 596 síntesis curriculares que se requerirían. Y solo falta un mes para el proceso electoral.

En cuanto a la información de fiscalización los resultados son poco alentadores. Además de los rezagos en el reporte de gastos de campaña, de acuerdo con el estudio reciente Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México, publicado por Integralia y Mexicanos contra la corrupción, de cada peso reportado como ejercido en una campaña para gobernador, hay 15 cuyo origen se desconoce.

Un voto razonado requeriría conocer las propuestas, pero también las trayectorias de los que se están postulando a uno de los 3 mil 489 cargos en disputa. Esto lo debería de garantizar el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), quien cuenta con autonomía constitucional. Sin embargo, atrapado en su propia burocracia, el Inai no ha facilitado el acceso ciudadano a la información. Al privilegiar lineamientos complejos y exigir el llenado de formatos, ha trazado una ruta larga de verificación y de sanción por incumplimiento. Quizás en algún momento, los partidos políticos cumplan con sus obligaciones de transparencia. Pero para entonces ya habrá nuevos gobiernos y probablemente otras instituciones. Entretanto, los ciudadanos jugaremos a la gallinita ciega. Con la venda de la desinformación sobre los ojos, tropezaremos con los candidatos en las urnas sin más elementos que los gritos y las descalificaciones.