“Veracruz necesita ser rescatado”. La frase es de Julen Rementería, coordinador de los diputados del PAN en la entidad hasta este viernes. Le resta menos de un mes a la Administración del PRI que arrancó el 1 de diciembre de 2010 con Javier Duarte al frente y que agota sus últimos días con el exgobernador prófugo, expulsado por su partido y sumando escándalos que brotan casi a diario. La oposición, que tomará las riendas del Estado, cree que el Gobierno federal debe rescatar la entidad, la tercera más poblada de México. “El pacto federal debe responder con solidaridad para rescatar al Estado de este momento de emergencia”, dijo Rementería a EL PAÍS.

Antonio Gómez Pelegrín, el secretario de Finanzas de Veracruz, ha dicho este miércoles que el Estado tiene una deuda de 87 mil millones de pesos (4.000 millones de dólares). “41 mil millones corresponden a los bancos”, dijo el funcionario a la periodista Denise Maerker. Gómez Pelegrín afirmó que durante el mandato de Duarte era común utilizar presupuestos destinados a fines como salud y educación para gasto corriente.

La oposición asegura que la cifra real de la deuda rebasa los 131 mil millones de pesos (6.700 millones de dólares). Este número se obtiene si se suman al saldo de la deuda pública el pasivo circulante y diversas cuentas pendientes además de gastos de contingencia como juicios que encara el Gobierno estatal. A esto se suman los 16 mil millones de presunto daño patrimonial hallados por el órgano fiscalizador del Estado en la cuenta pública de 2015. La Auditoría Superior de la Federación también reclama a Veracruz otros 35 mll millones de pesos por irregularidades detectadas entre 2011 y 2014. La suma de todo esto rebasa los 182 mil  millones de pesos, más de 9.300 millones de dólares.

“Este monto supera el presupuesto del Estado, que varía entre los 103 mil y los 105 mil millones anuales”, asegura Rementería. Los panistas del Estado están preocupados porque creen que la viabilidad financiera de Veracruz está comprometida. La catástrofe dejada por Duarte puede generar ingobernabilidad porque se adeudan prestaciones a maestros de la Universidad Veracruzana y pagos a pensionados. Los alcaldes de más de 80 municipios también afirman que el Gobierno les debe recursos, por lo que tomaron el Palacio de Gobierno el viernes pasado para exigir el pago de las deudas.

El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, fue recibido este miércoles por el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos. En una reunión a puerta cerrada que duró más de dos horas, el ganador de los comicios del verano por la alianza de oposición entre el PAN y el PRD, transmitió su preocupación al mandatario. Yunes se reunirá con representantes de Hacienda y Gobernación (Interior) para tratar la crisis en el Estado.

Hacienda ha dicho en un comunicado que está dispuesta a depositar las participaciones federales directamente en las arcas municipales a partir del 1 de diciembre. De esta forma, el ministerio evitaría la caja estatal de la que se desviaron millonarias cifras durante el Gobierno de Duarte.

La deuda con Soriana

Soriana, la compañía que tiene más de 800 supermercados en México, ha aprovechado los últimos días de la gestión de Duarte para recordar que es acreedora del Estado. La empresa asegura en un comunicado que el Gobierno incumplió diversos contratos celebrados con varias Secretarías del Estado, lo que ha generado una deuda de 565 millones de pesos (29 millones de dólares) desde 2011. Los supermercados aportaron al Gobierno tarjetas con puntos con los que se podían comprar alimentos y artículos básicos para programas sociales.

El incumplimiento de pagos llevó a la empresa a iniciar tres acciones judiciales. Una de ellas tiene una sentencia firme en favor de Soriana. El diputado Rementería, que forma parte de la Comisión de Vigilancia, asegura que el gasto “no está reflejado ni aparece en ningún sitio, ni siquiera es mencionado por el órgano fiscalizador”. El legislador cree que es probable que el pasivo de esos contratos se haya venido arrastrando desde hace cinco años.

Algunos medios han asegurado que las tarjetas de Soriana fueron repartidas durante las elecciones presidenciales de 2012 para pedir votar al PRI y a su candidato, Enrique Peña Nieto. La empresa ha dicho que esto es “falso y tendencioso” y que las ayudas no tenían ningún interés político.