Por Luis Carlos Sáinz para Semanario Zeta

Tijuana (Zeta/SinEmbargo).- Claudia salió de su casa hace más de cinco años a buscar a su hijo Javier Fernando, quien desapareció un 11 de abril y jamás se le ha vuelto a ver. En su búsqueda, la angustiada madre, vecina de Ahome, Sinaloa, no ha localizado a su ser querido, pero a cambio ha encontrado a decenas de personas en el fondo de polvorientas fosas en campos y laderas.

La mujer se convirtió -como cientos de personas en el país- en una rastreadora y forma parte de un colectivo que realiza la búsqueda de desaparecidos, ante la indiferencia de las autoridades. Sus vivencias en escenarios de muerte son estremecedoras, pero ha sacado fuerzas de la adversidad, pues no piensa morir sin antes dar con el paradero del fruto de sus entrañas.

El rompecabezas del horror no termina de armarse. Los hallazgos de fosas clandestinas con cadáveres o despojos humanos son reportados con una frecuencia que ya no sorprende. Lo mismo en un cerro, que en el desierto, en terrenos de cultivo, en el bosque o en zonas urbanas, donde los ejecutores entierran a sus víctimas silenciadas en circunstancias poco claras.

La causa de Claudia es la misma que ha llevado a otros a integrarse a grupos de búsqueda como la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California, que en enero hallaron cuatro cuerpos en un pozo de un rancho abandonado cerca del cerro de Las Chichis, en Valle de la Trinidad, en Ensenada, luego de dos semanas de ardua labor. O las seis osamentas enterradas en cuatro puntos de un área despoblada que colinda con el fraccionamiento El Roble, sobre la carretera a Ojos Negros, en el mismo municipio en abril.

Las fosas no tienen siempre la forma que la gente se imagina. Muchos son terrenos planos, donde incluso ya creció la maleza. Otros son agujeros rocosos y los hay fangosos a las orillas de los cauces de los ríos. Aunque la más innovadora, terrible y reciente estrategia, en el caso de Jalisco, es inhumar los cadáveres en los patios de pequeñas casas de interés social abandonadas por sus dueños ante la falta de servicios públicos, la inseguridad o por no tener dinero para pagarlas.

La tardanza de la justicia en atender las denuncias por desaparición de personas y la impunidad de que gozan los asesinos y sepultureros anónimos ha potencializado el fenómeno al grado de convertir al país en un campo minado por los sepulcros clandestinos como un gran cementerio, donde las tumbas frisan la cifra de las mil y los cuerpos u osamentas hallados andan por arriba de los mil 800. Sin contar decenas de miles de huesos o sus fragmentos, tejido u otro tipo de restos humanos difíciles de clasificar en los servicios médicos forenses.

CIFRAS MOCHAS

La gravedad del asunto, en lo que se ha calificado como una crisis humanitaria en México es tal, que las propias autoridades no cuentan con las cifras exactas del fenómeno. Las Fiscalías estatales, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y hasta universidades llevan su propio conteo. Unas con base en denuncias, otras con base en hallazgos y las últimas en una combinación de datos oficiales diversos e información hemerográfica.

Los recuentos más recientes fueron emitidos el año pasado, tanto por la PGR, como por la CNDH. Obvio difieren en mucho. La primera cuenta del 1 de diciembre de 2006 al 1 de enero de 2017, la inclusión en averiguaciones previas y carpetas de investigación -del fuero federal- de 280 fosas, en las que han encontrado 784 cadáveres, de los cuales 274 fueron identificados.

Por su parte, la CNDH, que cruza informes de todas las fiscalías y los datos de la propia PGR, hizo su indicador del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016, con una sumatoria de 855 fosas que contenían mil 548 cuerpos u osamentas, lográndose la identificación de 796 de las víctimas.

Ante la disparidad de estadísticas, ZETA hizo una recopilación con base en informes policiales, datos de fiscalías y notas periodísticas que indican que durante 2017 se conoció del hallazgo de por lo menos 38 fosas con 76 cadáveres y más de 50 cráneos, además de diversos fragmentos de osamentas. Mientras que en lo que va de 2018, se han descubierto por lo menos 54 agujeros con 167 cuerpos u osamentas inhumados de forma clandestina.

Pese a que en abril de 2017 la CNDH rindió un informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, en el que formula 102 propuestas a las autoridades para enfrentar el problema, nada ha ocurrido hasta el momento. Entre dichas recomendaciones estaba la de “establecer un Registro Nacional de Fosas Clandestinas que concentre toda la información concerniente al hallazgo y ubicación de las fosas, así como un registro en cada entidad federativa”. Caso omiso hasta la fecha por parte de los tres niveles de gobierno.

También se propuso “realizar las acciones necesarias a fin de que los restos óseos y/o humanos encontrados en fosas clandestinas sean tratados y analizados de acuerdo con los más altos estándares para su plena identificación. Además de implementar las acciones necesarias para realizar intercambio permanente de información sobre hallazgos de fosas clandestinas, exhumación y levantamiento de restos humanos e indicios, con la finalidad de facilitar la identificación y localización de personas desaparecidas”. Probablemente algunas entidades han aportado los datos para su concentración y otras no.

CASO JALISCO...

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