Se desconoce el paradero de más de 27 mil personas en todo el País, según cifras oficiales, esto es solo un dato del informe “Un trato de indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”, que fue presentado por representantes de Amnistía Internacional ayer por la tarde en el Recinto de Juárez, en Saltillo.   

Según el reporte, desde el año 2006 las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales advierten acerca del incremento en el número de personas desaparecidas en este País.

De acuerdo al organismo internacional, desde que en 2013 presentaron su informe “Enfrentarse a una pesadilla: la desaparición de personas en México”, la situación poco ha cambiado, “pero los esfuerzos de distintos colectivos de víctimas y familiares, organismos civiles e internacionales han logrado poner el tema en la agenda pública”, afirma.

En el informe de 2016 se da a conocer que las autoridades mexicanas parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales que estén encaminadas a encontrar la verdad y garantizar justicia, “no importa si un caso de desaparición se trata de una situación oculta o es un caso de alto perfil”.

Amnistía Internacional aborda en el reporte presentado ayer en la ciudad dos casos en lo particular, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los casos en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua; manifiesta que la actuación de la autoridad ha sido tardía y deficiente.

“En la mayoría de los casos la investigación no parece estar dirigida a determinar la verdad”, expresa Amnistía Internacional. “Las autoridades se limitan a realizar algunas acciones con poca utilidad en la indagación”, añade el texto.

Se puntualiza que la desaparición forzada de una persona, ya sea perpetrada por agentes estatales o por actores no estatales, produce en los integrantes de la familia un profundo daño a su integridad personal, lo cual constituye una especie de tortura.

Amnistía Internacional da a conocer que en los testimonios recogidos observa que es deficiente el trato que las personas dedicadas a investigar les dan a las familias, además que son hirientes “y de un profundo desinterés hacia ellas”.  

Por lo cual, entre otras cosas, sugiere al gobierno mexicano que en la Ley General sobre Desapariciones, abarquen medidas de asistencia a las familias, una declaración de ausencia para proteger a la persona desaparecida y su familia, así como medidas de reparación integral, por mencionar algunos aspectos.